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 «El problema de la Argentina hoy es que no hay ventas», con esta contundente afirmación, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, sintetizó la crisis que atraviesa el sector manufacturero del país austral, mientras los empresarios multiplican sus reclamos al gobierno de Javier Milei en busca de un plan de auxilio que evite el cierre masivo de fábricas. 

El colapso del mercado interno se ha convertido en la principal preocupación de un entramado productivo que ve cómo la recesión devora mes a mes su capacidad de facturación y empleo.

La economía argentina profundizó una dinámica de dos velocidades que ensancha la grieta productiva y enciende las alarmas en el tejido industrial. Mientras el Gobierno del mandatario de ultraderecha exhibe como un triunfo el superávit comercial —sostenido por la primarización y los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)—, las pequeñas y medianas empresas denunciaron un escenario de colapso. 

La estadística macroeconómica que celebra el denominado «libertario» choca contra la realidad de las fábricas locales, asfixiadas por un modelo que las dejó fuera de la ecuación de crecimiento a largo plazo. Este contraste revela que los derrames financieros de los grandes enclaves exportadores no llegan a la base de la pirámide manufacturera.

Según consignó Perfil «a pesar de que el gobierno decidió cortar subsidios a sectores productivos, como la construcción y el consumo, cada vez son más los empresarios que se acercan al Palacio de Hacienda para plantear la necesidad de un plan de auxilio para reactivar compras y evitar una profundización de la informalidad patronal y laboral, como paso anterior al cierre de persianas».

El medio digital señaló que se llevaron promesa de la activación de «algún mecanismo» para incentivar el consumo, pero sin una fecha concreta.

El presidente de IPA advirtió que el mercado interno «viene cayendo permanentemente, ya más de ocho meses consecutivos» , una contracción que arrastra a las áreas más intensivas en generación de mano de obra. «Prácticamente todas las industrias vienen, unas más que otras, con caídas», alertó el empresario, al tiempo que destacó que la crisis afecta principalmente al sector textil, al metalúrgico, a los fabricantes de bienes de capital y al rubro del calzado.

La caída del consumo provocó una cascada de quiebras y una fuerte reducción del empleo. Para fundamentar su advertencia, Rosato presentó cifras concretas: los concursos preventivos crecieron un 130% en 2025 comparado con 2023. Esta situación se agravó a principios de 2026; los registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo muestran un desplome promedio superior a los 34.000 puestos laborales por mes. Frente al colapso de la demanda, ciertas empresas buscaron una salida momentánea recurriendo a las importaciones, atraídas por la oportunidad de comprar divisas a bajo costo, aunque esa estrategia ilusoria muestra signos de agotamiento.

Desde el sector de las PyMEs, se percibe que la estrategia económica del Ejecutivo resulta desequilibrada, perjudicando a quienes carecen de la fortaleza financiera para atravesar este período. Rosato señaló que los costos internos medidos en dólares no ceden, y acusó al Gobierno de no respaldar a la pequeña y mediana industria. En contraste, mientras el Congreso dio luz verde a un «súper RIGI» que asegura millonarias ganancias a las multinacionales, las empresas más vulnerables enfrentan la falta de crédito bancario, una abrumadora carga impositiva y una ostensible inferioridad competitiva, un desequilibrio que ni siquiera el FMI ha pasado por alto, indicó el medio citado.

Ante este escenario, los empresarios impulsaron una ley de emergencia en materia económica, laboral y fiscal, aunque el proyecto permanece estancado en la Comisión de Presupuesto del Senado. Rosato criticó duramente la parálisis legislativa y la falta de voluntad oficial para desbloquear la iniciativa. Dicha norma propone, durante un año, detener las ejecuciones judiciales y prevenir los cesantes, además de ofrecer facilidades de pago y líneas crediticias con intereses reducidos. Paralelamente, las PyMEs resisten la política de apertura de importaciones y reclaman controles rigurosos ante la avalancha de productos extranjeros que llegan con precios de dumping, muy por debajo de los costos de producción locales.

Los industriales sostienen que la recuperación productiva está atada a la recomposición del ingreso de los trabajadores, severamente afectado por la devaluación y los aumentos de precios. Rosato enfatizó que el poder adquisitivo cayó un 40% y solicitó explícitamente al equipo económico la reimplementación de programas como «Ahora 12» para dinamizar el consumo interno. La premisa del sector es clara: sin incentivos estatales que amplíen los plazos de pago para los compradores, las ventas no repuntarán y la recaudación fiscal disminuirá a causa de la informalidad creciente. La fractura en la cadena de valor y la ausencia de respuestas gubernamentales llevan a las cámaras a declarar que se necesitan acciones inmediatas para impedir la desaparición de miles de PyMEs en Argentina.

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