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Nunca había sido tan difícil transformar una mayoría electoral en una mayoría para gobernar. No solo en Chile, sino en buena parte de Occidente, donde la atomización y la dispersión del poder atentan directamente contra la gobernabilidad.

Una fuerza política puede contar con un amplio respaldo ciudadano y, aun así, ser incapaz de transformar ese apoyo en mayorías legislativas. A la resistencia natural de la oposición suele sumarse la fragmentación de los propios partidos de gobierno. Ocurrió, sin ir más lejos, durante el segundo mandato del presidente Piñera, cuando varios parlamentarios oficialistas respaldaron los retiros previsionales, con todos los efectos negativos que esa medida tuvo sobre la economía, la inflación y las futuras pensiones.

La situación se agrava cuando los gobiernos prefieren actuar desde círculos estrechos. Es cierto que a muchos presidentes pareciera interesarles más terminar sus períodos con un respaldo cercano al 30% –asegurando así un posible regreso– que invertir tiempo y capital en la construcción de coaliciones amplias y estables. Es cierto asimismo que negociar dejó de ser una virtud, al menos entre buena parte de las elites.

La pregunta es cuánto tiempo más estamos dispuestos a convivir con esa lógica. ¿Qué tiene que pasar para que, de una buena vez, nos sentemos a discutir los problemas estructurales que aquejan a la política chilena? Los cambios al régimen electoral para enfrentar la creciente fragmentación partidaria no pueden seguir postergándose indefinidamente. Lo mismo respecto de nuestro estatuto administrativo, imposible más anacrónico e ineficaz.

Se dice, con razón, que los parlamentarios tienen pocos incentivos para impulsar reformas que eleven las exigencias de entrada y permanencia en el Congreso. Se dice –también con razón– que los gobiernos, conscientes de que solo disponen de cuatro años, caen con facilidad en la tentación de acelerar sus programas antes de que se agote el impulso inicial de las urnas.

Pan para hoy, hambre para mañana. Lo que hoy parece una victoria táctica puede convertirse rápidamente en una derrota estratégica. Nadie tiene clavada la rueda de la fortuna y nadie es dueño de los votos de las personas. Gobernar exige administrar tensiones inevitables: responder a las urgencias del presente sin hipotecar el futuro, desafiar a la propia tribu, atreverse a diseñar instituciones pensando en que algún día ganará el adversario, asumir la importancia de conciliar el tiempo corto con el tiempo largo.

Para ello, es indispensable reconocer que quien piensa distinto no es necesariamente un enemigo. Mientras no fortalezcamos a las instituciones que tienden a premiar la cooperación por sobre la fragmentación, seguiremos confundiendo las victorias electorales con la capacidad efectiva de gobernar. Son dos cosas muy distintas. Y comprender esa diferencia constituye, quizás, la primera responsabilidad de quienes aspiran a conducir una nación.

Por Juan Luis Ossa, historiador, investigador CEP.