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Un reciente dictamen de la Contraloría General de la República, en el que reprocha a la exministra de Seguridad Trinidad Steinert haberse excedido en el uso de sus facultades, así como no haber observado el principio de abstención en relación con una serie de antecedentes que solicitó a la PDI, ha generado duros reproches en el oficialismo. El presidente de la Cámara de Diputados (UDI), por ejemplo, señaló que hay que tener “ojo con la Contraloría”, planteando que se está excediendo en sus atribuciones; a su turno, el timonel del Partido Republicano incluso fue más allá, planteando que “hace tiempo veo algunos excesos en el plano de las atribuciones de la Contraloría”, sugiriendo que sería conveniente revisar si es correcto que el ejercicio de un rol tan relevante descanse en una sola persona.

Son dichos que, por supuesto, han causado desconcierto, porque estos mismos sectores habían prodigado múltiples alabanzas a la contralora por su activo rol fiscalizador durante el gobierno pasado, al tiempo que han sido celosos en recalcar la importancia de cuidar las instituciones y asegurar su independencia de las presiones políticas, principio que claramente resulta vulnerado cuando altos miembros de partidos lanzan abiertas críticas frente a una resolución que no ha resultado de su agrado.

Desde luego los dictámenes de la Contraloría, así como las resoluciones emanadas desde cualquier Poder del Estado son susceptibles de ser debatidas -o incluso abiertamente cuestionadas- en el ámbito de la esfera pública, pero ello debe hacerse sobre la base de razonamientos jurídicos o antecedentes fundados, y no en función de la conveniencia o de los intereses de sectores políticos, porque entonces con ello lo único que se consigue es debilitar las instituciones. En el caso del ente contralor, distintas voces han hecho presente que el dictamen sobre la exministra Steinert presenta debilidades en la forma como ha sido fundamentado, pero en vez de centrar ahí las discrepancias, los sectores del oficialismo han optado por enviar mensajes de advertencia que pueden ser leídos como una velada forma de presión, algo no menor considerando que los parlamentarios cuentan con la llave para acusar constitucionalmente.

Esta manera tan indebida de hacer críticas lamentablemente no es algo aislado, pues ya se está haciendo costumbre que los distintos sectores políticos aplaudan o cuestionen a las instituciones según si sus resoluciones les acomodan o no, o bien busquen que estas sirvan a sus propios intereses, prácticas que resultan nocivas porque atentan contra el buen funcionamiento institucional del país. Otro ejemplo que ilustra el punto lo podemos encontrar en el caso del Tribunal Constitucional (TC), donde ha resultado llamativo el súbito aprecio que ahora los sectores de oposición muestran hacia dicho organismo, el que sin pudor alguno se está utilizando como herramienta de presión hacia el Ejecutivo en el marco de la tramitación de la Ley de Reconstrucción, a pesar de que algunos de estos sectores incluso promovieron su eliminación en el proceso constituyente.

Aprovechando que una mayoría de sus integrantes podría identificarse con sensibilidades cercanas a la oposición -incluida su actual presidenta, cargo que cuenta con la potestad del voto dirimente-, parlamentarios de izquierda se han valido de ello para presentar requerimientos ante el TC, primero para derribar un serie de preceptos del proyecto sobre Escuelas Protegidas, y ahora para cargar contra el proyecto sobre Reconstrucción Nacional, anunciando que una vez que sea despachado por el Senado hacia la Cámara será objeto de requerimientos para objetar normas tributarias y ambientales, entre ellas la invariabilidad. Con ello la negociación política pierde todo sentido, pues el mensaje es que, si la ley no se aprueba en los términos que un sector quiere, entonces se recurrirá al TC. Similar estrategia se anuncia para el caso del Registro de Vándalos, también en tramitación legislativa.

No deja de ser irónico que la oposición esté utilizando al TC como herramienta de presión hacia el gobierno, considerando que esta táctica fue duramente cuestionada por estos mismos sectores cuando denunciaban que la derecha -entonces oposición- se valía de sus mayorías en el TC para cercenar los proyectos del gobierno. El cuestionamiento era que el tribunal se estaba utilizando como “tercera cámara”, lo que desvirtuaba el debate democrático. Sin embargo, como ahora dicha táctica resulta funcional, no hay escrúpulos en recurrir a ella.

El mismo oportunismo ha ocurrido respecto del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), entidad autónoma que fue creada para contribuir al manejo responsable de las finanzas públicas. La actual oposición desoyó todas las advertencias que el año pasado hizo el CFA sobre el incumplimiento de las metas y la subestimación de los ingresos fiscales -incluso el exministro de Hacienda Mario Marcel llegó a acusar al CFA de excederse en sus funciones, ante un informe que alertó sobre un “estrés fiscal permanente”-; sin embargo, en el marco del proyecto sobre Reconstrucción la izquierda se muestra ahora como un paladín respecto de las advertencias que ha formulado el CFA respecto de dicho proyecto. El actual oficialismo se encargó de reprochar duramente al gobierno anterior por desoír al CFA, y sin embargo esta administración parece ahora menos dispuesta a atender sus prevenciones -que han sido numerosas-, porque la prioridad es que el proyecto se apruebe cuanto antes.

A la luz de estos antecedentes resulta evidente que estamos transitando por un derrotero muy riesgoso, donde no se están calibrando las consecuencias de instrumentalizar las instituciones según las propias conveniencias o de relativizar las resoluciones según si estas favorecen o perjudican determinados intereses políticos. En la medida que las instituciones pierden independencia fruto de las interferencias o presiones desde el mundo político estas inevitablemente van perdiendo credibilidad ante la ciudadanía, y en la medida que la pérdida de confianza se va afianzando no solo los propios ciudadanos verán poco útil recurrir o someterse a ellas, sino que también puede tener impactos en áreas tan sensibles como la economía, pues lo esperable es que en la medida que haya instituciones poco confiables o muy permeables a determinados intereses -particularmente si ello ocurre en estamentos clave como la Contraloría o el TC- se afecte la confianza de los inversionistas, algo que sobre todo en el contexto actual constituye un verdadero disparo en los pies.