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Juan Javier Ríos

Madrid, 27 jun (EFE).- Daniela Nanu nació en Rumanía hace 43 años, pero en 2004 decidió emprender un viaje para iniciar una nueva vida en España. Sus pasos la llevaron hasta Almería, donde ahora es agricultora y ganadera, y es uno de los rostros de la inmigración que apuesta por el campo y ayuda a conseguir relevo generacional.

En Granada conoció a su actual marido, un almeriense nacido en Taberno, pueblo al que se mudaron para asentarse. Allí, tras ser madre, decidió volver al mundo laboral pasando un tiempo por la hostelería para posteriormente dedicarse al campo.

Lo hizo con la oportunidad que le brindó su suegro para quedarse con la explotación familiar de almendros en dicho municipio, según ha contado a Efeagro esta semana en la que ha participado en Madrid en el Anuario de la Agricultura y Ganadería Familiar de UPA.

"Le hice el relevo generacional" al suegro, reconoce, y, a partir de ahí, su apuesta por el sector primario ha ido creciendo con la compra de fincas aledañas en las que también cría ganado ovino.

Es partidaria de facilitar la llegada de más migrantes al campo español ante la falta de mano de obra nacional.

Nanu admite que, si necesita buscar de forma puntual o urgente trabajadores, no los encuentra: "Tienes que buscar personas de fuera", pero el problema es encontrar una bolsa de migrantes que estén en situación regular para poder asegurarlos".

"Si no encuentras a nadie, en vez de echar cuatro días en una labor, echas ocho", lamenta Nanu, quien admite también que ha tenido que dejar labores sin concluir, como poda de árboles, ante la falta de personal.

Este debate de falta de mano de obra ha estado sobre la mesa estos meses tras la apertura del proceso de regularización extraordinaria de migrantes en España, que acabará el próximo martes.

El campo ha avalado dicha regularización y la estimación, a falta del conteo final, era legalizar hasta 200.000 trabajadores y dar cabida así también a emprendedores como ella.

El apoyo a las medidas desde las organizaciones agrarias es generalizado y, muestra de ello, ha sido también la intervención del secretario de Inmigración y Empleo Agrario de UPA, Manuel Piedra, en el citado evento del anuario.

Piedra ha asegurado que un empresario que quiera emprender un negocio agrícola puede disponer de terreno, acceso a agua, cultivos o animales, pero "todo eso sería una ruina si no se puede recolectar el producto" por falta de empleados.

Esa mano de obra la encuentran normalmente fuera del país y, de hecho, ha contado uno de sus viajes para contratar en origen en Guatemala a 500 personas, aunque a la oferta se presentaron 36.000.

Reconoce que regresó con pena porque tuvo que dejar allí a mucha gente sin poder acceder a un trabajo agrícola en España.

Por eso, "ante los mensajes xenófobos de que 'Vienen a quitarnos el trabajo', hay que decirles que en el campo español no sobra nadie", ha remarcado Piedra.

Las organizaciones sindicales han sido de las que han defendido con vehemencia este proceso de regularización, en concreto por sus beneficios para el campo.

Desde UGT, su secretario general, Pepe Álvarez, ha admitido esta semana que si hay algún sector en el que la necesidad de migrantes es "absolutamente imprescindible", ese es el de la agricultura.

Cree que el Gobierno ha hecho muy bien con este proceso de regularización y no descarta que se abra otro plazo si se constata que se han quedado personas fuera susceptibles de ser regularizadas.

A la espera de saber con precisión el número final de personas beneficiadas por esta regularización, ya se tienen datos de afiliación extranjera al sector agrario en mayo (mes completo con ese proceso abierto).

En mayo, el número de afiliados extranjeros al Sistema Especial Agrario (SEA) ascendió a 294.017 personas, casi un 6 % más que en mayo de 2025; los afiliados de terceros países subieron un 7,8 % anual y ya son más de 236.000 trabajadores en ese sistema de la Seguridad Social. EFE