San Salvador, 26 ago (EFE).- El Salvador continuará bajo un polémico régimen de excepción al aprobarse este miércoles una nueva prórroga de 30 días en su implementación, al tiempo que una ONG denunció que la cifra de personas fallecidas en cárceles del país, tras su detención en el marco de la llamada estrategia de seguridad, se elevó al menos a 564.
La prórroga del régimen de excepción fue aprobada con los votos de 57 de 60 diputados en la Asamblea Legislativa, dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI), durante la sesión plenaria correspondiente a esta semana.
Este régimen, vigente desde marzo de 2022 y cuestionado por activistas y ONG de derechos humanos, las garantías constitucionales de toda la población como el derecho a la defensa o la inviolabilidad de las comunicaciones, y ha dejado más de 92.950 detenidos que la Administración del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, acusa de pertenecer o colaborar con las pandillas.
"Es indispensable prorrogar el régimen de excepción para dar continuidad a la acción estatal firme y sostenida que ha posibilitado garantizar los extraordinarios resultados en materia de seguridad pública, otorgando a los salvadoreños condiciones de orden, paz y tranquilidad", argumentó el Gobierno en el decreto legislativo que fue votado.
La medida, que diversos analistas dicen que también se ha utilizado para tratar de acallar voces críticas del Gobierno de Bukele, continuará vigente hasta el 27 de septiembre del año en curso.
La renovación número 54 del régimen de excepción para combatir a las pandillas se aprobó al tiempo que la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH) reveló que el número de muertes de detenidos bajo custodia del agentes de Seguridad del Estado aumenta a 564.
Desde su última actualización, el pasado 3 de agosto, la organización registra 10 casos más de fallecidos, según la información compartida este miércoles en X.
Socorro Jurídico señaló que se trata de "personas que fueron capturadas y las mataron o dejaron morir por negación del derecho a la salud", y reiteró que "el 94 % de estas personas no tenían perfil de pandilleros y murieron bajo la tutela del Estado y en total impunidad, sin haber sido vencidas en juicio".
El Gobierno del presidente Bukele continúa sin pronunciarse sobre estas muertes.
El régimen de excepción se ha convertido en la única apuesta del Gobierno contra las pandillas, lo que también le granjeó al presidente Bukele su reelección inmediata para un segundo mandato, pese a la prohibición constitucional en su momento, y que mantiene alta aprobación entre los salvadoreños.
Organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional (AI), han alertado que bajo esta disposición el Estado salvadoreño podría estar cometiendo crímenes de lesa humanidad.EFE
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