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Ahora, el miércoles, se agregaron otras dos cosas a los requerimientos del gobierno de Estados Unidos: participar de operaciones militar-policiales conjuntas y retirarse de la Corte Penal Internacional, lo que se realiza denunciando el Estatuto de Roma. Esto pide, con tono de exigencia, a sus aliados de las Américas, además de lo que ya había exigido unas semanas antes, el aumento de los presupuestos de defensa a un 3,5% de sus PIB. Estados Unidos mostró, a modo de ejemplo, que en días pasados se retiró de la CPI otro país de la región. El que se retiró fue Venezuela, que, como se sabe, es un país que en estos momentos no goza de independencia.

Todas estas exigencias se plantearon antes y después del cambio de aranceles para los mismos aliados, lo que podría querer decir algo, aunque la política exterior del gobierno estadounidense es todo lo errática que se necesita para ser incomprensible.

El Presidente Trump cree, no sin razón, que todo tiene un precio. Le parece que Estados Unidos ha sido abusado porque nadie le paga el precio de que su industria se deteriore, que sus ciudades se inunden de droga y que sus trabajadores compitan con inmigrantes ilegales. Tampoco le pagan los patrullajes del Caribe, las armas para Ucrania y las bases del Medio Oriente. Entonces se cobra con, por decirlo así, el petróleo venezolano, los fondos embargados por Europa o cualquier otra cosa.

Trump ha estado buscando rediseñar el comercio mundial mediante la eliminación del intercambio libre y la restauración de los anticuados aranceles. Es lo que se ha llamado neomercantilismo, la actualización de la política proteccionista del siglo XVIII, algunos de cuyos rasgos han perdurado en las prácticas mundiales. Este es también el fondo filosófico, si se puede llamar así, del “todo tiene un precio”.

Históricamente, esta política fue respondida en los mismos términos. Es el principio de reciprocidad, una forma de sustituir la guerra que fue incorporada en casi todas las convenciones diplomáticas del siglo XX. Si las acciones de Estados Unidos tienen un precio, también han de tenerlo las de quienes se relacionan con él.

Trump sabe que no existe en el mundo ningún poder igual al de Estados Unidos. China está lejos de serlo. La guerra de cuarta de Putin ha terminado de rezagar a Rusia. Pero ese poder no significa que pueda imponer su voluntad, como se ha visto en Irán y el Medio Oriente. Su objetivo en esa región del mundo está entrampado en forma inesperada, y lo ha distraído temporalmente del principal, que sigue siendo China.

China es un mal socio, en particular desde que su prioridad es vender su sobreproducción a los precios que sea, aun a costa de destruir las industrias locales (un senador estadounidense recordó en The Wall Street Journal el caso del acero de Huachipato). Pero Estados Unidos quiere ser peor, no sólo con su carrusel de aranceles cambiantes y sus amenazas sobre las visas, sino también con el propósito de extender el cerco sobre China a la política de otros países. La última variante es el informe de la Casa Blanca que acusa a más de 40 estados de ayudar a China a eludir los aranceles triangulando sus productos. Otra vez está Chile en la lista. ¿Sorpresa?

Ya no se puede decir eso. Chile ha mantenido una cierta ambigüedad, no con su comercio, sino sólo desde que las presiones de Estados Unidos se desplazaron a los campos de la seguridad y la defensa. El miércoles, el ministro de Defensa, Fernando Barros, asistió en calidad de observador a la reunión de la “Coalición de las Américas contra los carteles” -extensión del “Escudo de las Américas”-, pero Estados Unidos parece dar por hecho que Chile es miembro de esas alianzas, lo que -también ambiguamente- conduciría a que cumpliese los requerimientos de Washington. ¿Y qué precio tiene esa adhesión?

A pesar de la retórica del “aliado estratégico”, Chile está siendo empujado a tomar definiciones que estaba postergando, en campos que no le competen a nadie más: las fronteras, la seguridad, la policía, las Fuerzas Armadas. Había dicho que buscaba la cooperación con otros países para combatir al crimen organizado. Washington le ha ofrecido eso, pero bajo la conducción y las condiciones del Presidente Trump.

Es casi ¿providencial? que estas definiciones tenga que asumirlas un gobierno de derecha. Un gobierno de otro signo habría sido sospechoso o culpable de prosionismo, antioccidentalismo o alguna categoría escalofriante.

Pero no se puede ignorar que este cambio en las expectativas contraría los deseos que el Presidente Kast exhibió desde antes de asumir. Las últimas exigencias ya no le permiten tratar la relación con Estados Unidos como si fuese lo que quería en marzo. Todo ha cambiado, incluso Estados Unidos. Especialmente Estados Unidos.

Este cambio significa que las dificultades con el comercio exterior ya no pueden ser tratadas sólo como tales, sino que son parte de un problema de política exterior. Cuando se tiene un problema con la mayor superpotencia del mundo, se tiene un superproblema, pero no se termina con él sólo al desearlo, declararse patio trasero o rendirse a todas las condiciones, porque, de seguro, vienen más.