El magistrado del Tribunal Supremo Vicente Magro ha elevado al Congreso de los Diputados un suplicatorio para suspender la inmunidad del diputado de Sumar Félix Alonso Cantorné, en el marco de la investigación en su contra por presunta prevaricación en la adjudicación de contratos públicos mientras era alcalde de Altafulla (Tarragona).
Así lo ha acordado el magistrado de la Sala de lo Penal en un auto, recogido por Europa Press, en el que recoge los indicios que ha apreciado contra Cantorné tras las diligencias practicadas, entre ellas la declaración voluntaria del diputado el pasado junio.
Según el auto, la Fiscalía instó a pedir el suplicatorio al Congreso, mientras que la defensa de Cantorné se mostró en contra de hacerlo.
El magistrado detalla que "existen indicios de que durante el periodo" en el que Cantorné fue alcalde de Altafulla, "y con su participación", se llevaron a cabo adjudicaciones públicas por medio de contratos menores.
Sobre esto, explica que "se recurrió a la figura del contrato menor para realizar contratos sin sujetarse a la legislación específica en la materia de contratación pública".
"Se trata, en consecuencia, de contratos con el sector público para los que se utiliza una forma de contrato menor eludiendo los principios propios de la legislación contractual dentro de la libertad de acceso a las licitaciones, de publicidad y transparencia de los procedimientos y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos", añade.
"USO INDEBIDO" DEL CONTRATO MENOR
Así las cosas, Magro apunta a que "hay una absoluta falta de procedimiento, de presupuesto, y se hace un uso indebido de la prórroga y del contrato menor con la voluntad del investigado de introducir empresas con vinculación política y por tanto usando la fórmula del contrato menor se ha eludido la aplicación de la legislación estatal en materia de contratación administrativa".
Ante ello, concluye: "Hubo un uso indebido de la figura del contrato menor para satisfacer necesidades recurrentes de la corporación municipal contrario a la normativa de contratación pública".
Los indicios recabados permiten al magistrado afirmar que "existen elementos bastantes para considerar provisionalmente al investigado Felix Alonso Cantorné, posible responsable de los hechos que revisten caracteres de delito de delito de prevaricación".
Como consecuencia de estas pesquisas, el magistrado indica que dichos indicios "hace imprescindible para avanzar en el camino procesal recabar la autorización prevista en la Constitución para actuar contra parlamentarios".
Por ello, acuerda dirigir suplicatorio a la Presidencia del Congreso a través del presidente de la Sala de lo Penal para, previo refrendo de los magistrados, sse remita por conducto de la presidenta del Tribunal Supremo.
CANTORNÉ NEGÓ IRREGULARIDADES
En su declaración como investigado del pasado 15 de junio, el exprimer edil de Altafulla defendió "la legitimidad de las contrataciones", según contaron fuentes jurídicas a Europa Press.
Las mismas fuentes enfatizaron el hecho de que, en ese periodo, la localidad multiplicó su población "aproximadamente por tres", por lo que su ayuntamiento "se vio obligado a afrontar estas nuevas necesidades con una plantilla funcionarial insuficiente y severamente limitada".
Es en este contexto, añadieron, que se produjeron las contrataciones del "jurista de prestigio reconocido" Salvador Milà y del despacho Sinergia, "integrado por profesionales especializados en urbanismo, derecho administrativo y medio ambiente".
Unas contrataciones que, de acuerdo con las mencionadas fuentes, "responden exclusivamente a criterios de especialización técnica, experiencia profesional y confianza", y no a "consideraciones de naturaleza política o partidista".
La Sala de lo Penal decidió en abril abrir causa a este diputado de la Cámara Baja tras recibir una exposición razonada de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de la localidad tarraconense de El Vendrell, que había abierto diligencias previas.
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