El Supremo rechaza abrir una causa a 'Alvise' por la difusión de chats privados de un ex 'número dos' de Interior

El Tribunal Supremo ha rechazado abrir una causa al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez por la publicación de las conversaciones privadas que fueron intervenidas al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez en el marco de la 'operación Kitchen'.

En un auto, recogido por Europa Press, la Sala de lo Penal no aprecia indicios de responsabilidad penal de 'Alvise', aforado por su condición de eurodiputado. El asunto fue elevado al Supremo en una exposición razonada por el Juzgado de Instrucción Número 51 de Madrid, a raíz de una querella de Martínez y la denuncia de un periodista que figuraba en las conversaciones.

Según la resolución, la difusión de chats intervenidos judicialmente y expurgados puede justificar que se investigue el circuito de filtración y sus responsables "pero, en lo que se refiere al aforado, los elementos aportados no proporcionan, por sí solos, una base bastante" como para abrir una causa.

Por ello, el alto tribunal entiende que no se presentan indicios de responsabilidad penal fundados y razonables contra el aforado que permitan sostener, en términos penalmente relevantes, la posibilidad de imputarle.

Todo ello, "sin perjuicio de que la investigación pueda proseguir dirigida a determinar el origen de la filtración, su trazabilidad, los eventuales responsables y si el aforado tuvo acceso a la misma y supo de su extracción ilícita".

La jueza de Madrid que remitió al Supremo la exposición razonada indicaba que fue el 10 de julio de 2023 cuando 'Alvise' Pérez filtró en su canal de difusión de la plataforma Telegram los 23 chat íntegros que habían sido expurgados por la Audiencia Nacional.

Cabe recordar que el Supremo ya tiene abiertas contra 'Alvise' cuatro causas: por presunto acoso a dos eurodiputados que fueron en su lista; por difundir una PCR falsa del exministro de Sanidad y actual presidente de Cataluña, Salvador Illa; por el presunto acoso en redes sociales a la fiscal coordinadora de delitos de odio, Susana Gisbert, y por la financiación ilegal de SALF, por los 100.000 euros que recibió del empresario Álvaro Romillo, alias 'CryptoSpain'.

Febrero 26, 2026 • 1 hora atrás por: Infobae.com 5 visitas 1828926

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