Madrid, 28 jun (EFE).- El Tribunal Constitucional resolverá después del verano sobre la admisión a trámite de los recursos contra la sentencia que condenó al ex fiscal general Álvaro García Ortiz por revelación de secretos en relación con Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
La corte maneja dos recursos, la impugnación de la Fiscalía y un segundo de la Abogacía del Estado -que representa a García Ortiz-, que han sido conectados para resolverlos conjuntamente, dado que se dirigen contra la misma resolución y afectan a la misma persona. La ponente es la progresista María Luisa Segoviano.
Fuentes jurídicas informan a EFE de que sendos recursos están pendientes del informe del letrado, antes de decidir sobre su más que previsible avocación a Pleno y, en su caso, admisión a trámite.
Pero previamente habrá que despejar las cuestiones de trámite comenzando, entre ellas, con la posible abstención del presidente Cándido Conde Pumpido por haber sido superior de García Ortiz cuando fue fiscal general del Estado (2004-2011).
O, incluso, de la ponente María Luisa Segoviano a quienes apuntan otras fuentes por haber deseado "mucho ánimo" al ex fiscal general en la toma de posesión de su sucesora de al frente del Ministerio Público, Teresa Peramato. Estas fuentes aseguran que de no abstenerse es posible que alguna parte pida su recusación.
Dos asuntos que podrían alterar el equilibrio de fuerzas a la hora de resolver una futura admisión a trámite de los recursos.
García Ortiz, que estuvo al frente de la Fiscalía General entre 2022 y 2025, fue condenado a dos años de inhabilitación para ese cargo por la filtración a la prensa de un correo con la admisión de dos delitos contra Hacienda de la pareja de Díaz Ayuso, y por la nota de prensa que emitió la Fiscalía el 14 de marzo de 2024 sobre la investigación a González Amador.
El pasado abril, la Fiscalía presentó un recurso en el que pidió anular la sentencia al considerar que el Supremo vulneró una serie de derechos de García Ortiz, como el de la presunción de inocencia o el de un proceso con todas las garantías.
Unos días después, fue la Abogacía del Estado la que solicitó también la anulación de la resolución al denunciar la vulneración de una serie de derechos fundamentales, como la libertad de expresión, la tutela judicial efectiva, así como la "desproporción de las medidas y falta de motivación" del registro en la Fiscalía General.
En paralelo, el Ejecutivo tiene pendiente de resolver sobre el indulto que solicitaron tres ciudadanos para García Ortiz, ahora destinado en la Fiscalía de lo Social en el Supremo.
Así, el Gobierno tiene ya sobre la mesa los informes preceptivos, pero no vinculantes, del Supremo, que rechaza todo indulto total o parcial, y del Ministerio Público, que apoya un indulto parcial en concreto respecto a la pena de inhabilitación. EFE
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