El traslado silencioso del ajuste en Chile

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Por Patricio Medina Johnson

Cada vez que suben los precios de los combustibles, se repite la misma idea: que es inevitable.

“Que responde a factores externos. Que no hay mucho que hacer.”

Pero no es así.

Durante años, la ciudadanía ha internalizado el funcionamiento del sistema: paga un impuesto específico a los combustibles con la expectativa de que, a través del MEPCO, ese esfuerzo sirva precisamente para amortiguar shocks internacionales.

Ese es el pacto implícito.

Por eso, cuando frente a un shock externo se toma la decisión de aumentar de forma abrupta —casi violenta— el precio de los combustibles, lo que se rompe no es solo un equilibrio económico. Se rompe una expectativa social básica.

Y queda en evidencia algo mucho más profundo: esto no es solo una reacción técnica ante una crisis.

Es una decisión sobre cómo enfrentarla. Y, sobre todo, sobre quién paga sus costos.

¿Quién está pagando esta crisis?

Porque las crisis no se distribuyen de manera neutral. Siempre hay alguien que absorbe el golpe.

Y hoy, en Chile, la respuesta es evidente: lo están pagando las familias.

El mito de la “responsabilidad fiscal” como excusa

Se ha instalado con fuerza una narrativa conocida: no hay margen fiscal, el Estado debe ser prudente, el déficit obliga a ajustar.

Es cierto que Chile enfrenta desafíos fiscales. Pero los datos comparados son claros.

La deuda pública chilena bordea el 41–43% del PIB, mientras que en la OCDE supera el 80% del PIB, es decir, prácticamente el doble.

Es decir: Chile tiene la mitad del endeudamiento promedio de las economías desarrolladas.

Entonces, la pregunta es inevitable: ¿realmente no hay espacio… o no hay voluntad?

El ajuste no desaparece: se traslada

Cuando el Estado decide no intervenir para amortiguar una crisis, el costo no desaparece. Se desplaza. Pasa del Estado… a los hogares.

Y aquí aparece el dato estructural más importante —y más invisibilizado— del modelo chileno: Chile es un país profundamente endeudado… pero no a nivel estatal, sino a nivel de las familias.

De hecho, el endeudamiento de los hogares en Chile bordea el 46%–48% del PIB, uno de los niveles más altos de América Latina, según estimaciones del Banco Central y organismos internacionales.

Esto revela una paradoja estructural: el problema de deuda en Chile no está en el Estado, sino en las familias. Y, aun así, las decisiones de política económica siguen trasladando los costos hacia quienes ya están más endeudados.

Esto cambia completamente el análisis.

Porque mientras el Estado puede:

endeudarse a tasas bajas,
distribuir el costo en el tiempo,
y absorber shocks externos,

Las familias enfrentan:

tasas más altas,
ingresos rígidos,
y una capacidad casi nula de ajuste.

Por eso, cuando sube el precio de los combustibles, no estamos frente a un simple ajuste de mercado.
Estamos frente a una transferencia directa de costos hacia los hogares más vulnerables.

El golpe inflacionario: una cadena que recién empieza

El problema no es solo el alza del precio de los combustibles. Es su velocidad. Un ajuste brusco no permite adaptación. No da tiempo a que hogares ni empresas reorganicen sus decisiones.

Genera, en cambio, un shock inmediato y desordenado.

Primero sube el transporte. Luego los alimentos. Después los servicios. Y, finalmente, la inflación.

En Chile, además, ese efecto se amplifica: impacta directamente la UF.

Eso significa que el alza de los combustibles termina encareciendo automáticamente:

los créditos hipotecarios,
los arriendos,
los planes de salud,
y múltiples contratos indexados.

En otras palabras: una decisión sobre combustibles termina encareciendo toda la vida cotidiana.

Y lo hace de forma abrupta, no gradual. Violenta, no progresiva.

¿Había alternativas? Sí. Y se descartaron

Se ha intentado instalar que no había otra opción. Que el ajuste era inevitable.

Pero eso es simplemente falso. Existían alternativas:

amortiguar parcialmente el shock vía MEPCO,
reasignar gasto público antes de traspasar el costo,
postergar rebajas tributarias,
o focalizar subsidios en sectores vulnerables.

Todas ellas implicaban algo en común: que el Estado asumiera parte del costo.

Y eso es precisamente lo que se decidió no hacer.

La dimensión ideológica del ajuste

Aquí es donde el debate deja de ser técnico.

Porque lo que subyace a esta decisión no es solo una restricción fiscal, sino una forma de entender la economía: la idea de que los mercados deben ajustarse por sí solos, incluso en contextos de crisis.

Una visión asociada a la tradición neoclásica —con referentes como Milton Friedman o Friedrich Hayek— que plantea que la intervención estatal distorsiona los precios y dificulta el equilibrio del mercado.

Pero ese “equilibrio” no ocurre en el vacío.

En la práctica, ese ajuste no es neutro:

no lo absorben los mercados,
no lo absorben las grandes empresas,
lo absorben las personas.

Por eso, sostener que el mercado se ajustará solo después de la crisis no es una postura técnica. Es una postura ideológica. Y una profundamente regresiva.

Porque implica aceptar que el costo del ajuste recaiga en quienes tienen menos capacidad de soportarlo.

Endeudarse: ¿quién debe hacerlo?

La pregunta central es incómoda, pero ineludible: ¿es mejor que se endeude el Estado o que se endeuden las familias?

Desde cualquier perspectiva seria —económica, social o macroeconómica— la respuesta es clara: es preferible que se endeude el Estado.

Porque el Estado:

tiene acceso a mejores condiciones financieras,
puede distribuir el costo en el tiempo,
y no compromete inmediatamente el bienestar de la población.

Las familias, en cambio:

se endeudan para sobrevivir,
pagan más caro,
y quedan atrapadas en ciclos de sobreendeudamiento.

Trasladar el ajuste hacia ellas no es prudencia fiscal. Es profundizar la desigualdad.

La pregunta que ordena todo

El problema no es si el Estado tiene o no “caja”. Esa es una discusión contable.

El problema es quién absorbe el costo de una crisis internacional que Chile no generó.

Y hoy, la respuesta es evidente:

lo paga quien usa transporte,
lo paga quien compra alimentos,
lo paga quien arrienda o tiene crédito en UF,
lo paga la clase media endeudada.

No es inevitabilidad económica. Es decisión política.

Conclusión

Chile no enfrenta una crisis de insolvencia. Enfrenta una disputa sobre el rol del Estado. Entre un Estado que amortigua los shocks y uno que decide trasladarlos directamente a las personas.

Porque al final, toda crisis tiene una contabilidad política: no se trata de cuánto cuesta, sino de quién paga.

Y hoy, en Chile, esa respuesta es clara.

No la paga el mercado. No la pagan las grandes empresas.

La pagan las familias.

Y eso no es inevitabilidad económica. Es una decisión política.

Porque cuando el Estado se retira, alguien paga. Y en Chile, ese alguien siempre son los mismos.

Por Patricio Medina Johnson

Ingeniero Comercial. Licenciado en Ciencias Económicas. Magíster Economía Financiera, Universidad de Santiago de Chile. M.Sc. Governance of Risk and Resources(C), University Heidelberg.

Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.