Sevilla, 22 jun (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado la razón a un vecino de Lepe (Huelva), José Antonio Oria, que tiene dos vacas como animales de compañía, que la Junta de Andalucía pedía sacrificar, y entiende que se pueden mantener como mascotas si cumplen todos los requisitos legales para ello.
En una sentencia de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo en Sevilla del TSJA, se ha estudiado el recurso del propietario de los animales, tras ser admitido inicialmente el presentado por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, que reclamaba el sacrificio de los animales.
La Consejería pedía "el sacrificio obligatorio y sin derecho a indemnización de los bovinos localizados en la finca situada en la parcela 478 del polígono 12 de Lepe y propiedad del recurrente", según la sentencia, mientras que Oria pedía, como medida cautelar, que se concediese la suspensión de la ejecución del acto administrativo.
La Consejería aducía que estos animales pueden entrar en contacto con otros, "con el consiguiente riesgo de contagio de enfermedades como la brucelosis o tuberculosis, como el riesgo para la salud y seguridad de las personas" y subrayaba que "ni siquiera se encuentran debidamente identificados".
El abogado de Oria certificó ante la sala que sus ejemplares están inscritos en el registro de Identificación de Animales de Compañía desde el 12 de noviembre del 2025 y tienen sus correspondientes pasaportes, y restó importancia al hecho de que la identificación se realizará con posterioridad al inicio del expediente administrativo, lo que "no invalida su eficacia actual".
"La finalidad de la normativa de la identificación es garantizar la trazabilidad y el control sanitario, y dicha finalidad está, al día de hoy, plenamente cumplida", ha indicado el letrado, para añadir que el 26 de marzo pasado, técnicos de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía certificaron la correcta identificación de los animales "mediante la lectura positiva y legible de sus respectivos microchips".
Por todo ello, los magistrados han suspendido cautelarmente el sacrificio de los animales, aunque los mantienen inmovilizados en la finca de Lepe en la que viven, y ha dado a las partes un mes desde la notificación el pasado jueves de la sentencia para que presenten, si así lo consideran, un recurso contra su decisión.
José Antonio Oria posee una finca de unas 14 hectáreas en el municipio onubense, donde viven las dos vacas, ‘Tiberia 1’ y ‘Tiberia 2’, desde que su propietario fue invitado a una comida en Sevilla y supo que las entonces terneras iban a ser sacrificadas.
Se basa en la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales, que permite tener como animales de compañía los que han sido de producción, siempre que dejen de tener esa finalidad.
Su artículo 1 apartado b dice que tienen que dedicarse a "explotación, transporte, experimentación y sacrificio en todo su ciclo vital salvo el supuesto de que, perdiendo su fin productivo, el propietario decidiera inscribirlo como animal de compañía en el Registro previsto en la presente ley”, y con ese párrafo en mano acudió a un veterinario y comenzó el proceso. EFE
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