Madrid, 26 mar (EFE).- El Tribunal de Cuentas apercibe por un uso excesivo de la contratación menor en las entidades culturales a las autonomías de Cantabria, Extremadura, La Rioja y Región de Murcia, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, en un informe divulgado este jueves.
El informe aprecia deficiencias en la remisión de datos al Tribunal, retrasos en la ejecución de infraestructuras y un uso excesivo de contratos menores en esos territorios.
El Tribunal, que se refiere al ejercicio 2022, constata que en la contratación celebrada por las entidades de ámbito cultural de las comunidades y ciudades autónomas sin órgano de control externo propio existen incidencias en distintas fases del procedimiento contractual.
En todo caso, aclara que dicha contratación “se ajustó, con carácter general, a la legalidad”.
La fiscalización abarca la actividad de las consejerías competentes en materia cultural de Cantabria, Extremadura, La Rioja y Región de Murcia, así como de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, junto con 15 entidades dependientes de dichas consejerías.
En conjunto, formalizaron 10.345 contratos por un importe de 65,8 millones de euros, de los que se han analizado 79 contratos no menores (61,6 millones) y 417 contratos menores (3,7 millones).
El informe constata deficiencias y retrasos en la preceptiva remisión de la documentación contractual al Tribunal, en algunos casos cumplimentada tras requerimiento expreso, lo que ha dificultado el ejercicio de la función fiscalizadora.
Asimismo, aprecia demoras significativas en la ejecución de determinados contratos de obra, que han retrasado la puesta a disposición de infraestructuras para su uso público.
Estas incidencias se vinculan a carencias en la planificación y preparación de los contratos, así como a debilidades en su seguimiento.
En cuanto a la contratación menor, que representa el 38 % del importe total adjudicado, el Tribunal advierte un uso excesivo de esta modalidad de contratación en servicios y suministros recurrentes, especialmente en las consejerías de la Región de Murcia, Cantabria y Melilla, lo que a juicio del Tribunal puede afectar a los principios de publicidad y concurrencia.
En conjunto, el informe pone de relieve que, pese al cumplimiento general del marco normativo, persisten debilidades que apuntan a la necesidad de reforzar la planificación, el control y la gestión de la actividad contractual. EFE
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