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El Tribunal de Cuentas Europeo ha cuestionado este martes el diseño del Fondo temporal para la descarbonización propuesto por la Comisión Europea, al advertir de "insuficiencias" en su planteamiento y dudas sobre su impacto real en la reducción de emisiones y su solidez financiera.

En un dictamen publicado este martes, los auditores europeos señalan que, en su forma actual, el fondo --concebido como una solución temporal para evitar la deslocalización de industrias intensivas en carbono y financiado con ingresos del mecanismo de ajuste de carbono en frontera (CBAM)-- no garantiza una gestión financiera sólida ni ofrece certezas sobre su eficacia para impulsar nuevas inversiones en descarbonización.

En concreto, el informe apunta que no está claro hasta qué punto el mecanismo incentivará nuevas inversiones verdes, ya, según advierten, las ayudas estarán basadas en niveles históricos de producción y no en proyectos futuros, lo que, a su juicio, limita su capacidad de transformación industrial.

Asimismo, los auditores critican que la Comisión haya solicitado excepciones a las normas presupuestarias comunitarias que no están plenamente justificadas, alertando de que algunas de ellas podrían contravenir principios básicos de la gestión financiera de la UE.

Otro de los puntos señalados es la incertidumbre sobre las cifras del fondo. Según las estimaciones de Bruselas, los ingresos ascenderían a unos 632 millones de euros frente a un gasto previsto de 265 millones, un desajuste que, para el Tribunal, plantea dudas sobre la necesidad de fijar en el 25% la contribución de los Estados miembro procedente del CBAM.

Además, el organismo fiscalizador advierte de problemas en la ejecución temporal del fondo, ya que parte de los recursos no estaría disponible hasta un año después de su recaudación, lo que --advierte-- limitaría su uso inmediato y genera incertidumbre sobre la gestión de estos activos.

No obstante, los auditores reconocen que el diseño del fondo presenta también aspectos positivos, como el uso de estructuras administrativas ya existentes, lo que permitirá reducir la carga burocrática para las empresas beneficiarias.