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Hasta ahora, cinco empresas han anunciado o presentado acciones judiciales contra el Estado de Chile por la redistribución de las cuotas de captura de jurel tras la nueva ley de fraccionamiento promulgada por el gobierno de Boric. Hace dos semanas, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) fue notificado de la millonaria acción civil iniciada por Camanchaca y en tribunales también se tramita una demanda de Blumar. Por ingresar a los juzgados están Landes, los noruegos de FoodCorp y Alimar. Todos buscan indemnizaciones y acusan de expropiación.