El Ciudadano
El pasado martes 21 de abril, se estrenó un nuevo episodio de Sentido Común, programa conducido por el director de El Ciudadano, Javier Pineda. En la instancia, Pineda conversó con el rector de la Universidad de Academia Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis y el alcalde de la Municipalidad de La Cisterna, Joel Olmos, sobre el impacto de la eliminación de contribuciones en gobiernos municipales.
“Le dan al rico para quitarle al pobre”, con esa frase Javier Pineda comenzó el programa, declarando que ese sería el resultado de aprobar la medida anunciada por José Kast sobre la eliminación de las contribuciones a la primera vivienda en adultos mayores de 65 años.
Pineda explicó que los adultos mayores que ganan menos de $940 mil mensuales no pagan contribuciones por su primera vivienda, así como los que ganan menos de $2.100.000 solo pagan la mitad de estas, por lo que la medida solo beneficiaría a quienes ganan más de $2 millones al mes.
Además, quienes se beneficiarían son personas que en su gran mayoría viven en sectores acomodados del país, como Providencia, Las Condes y Vitacura. Entre ellos, se encuentran varios ministros como Francisco Pérez, José García, Claudio Alvarado, Fernando Barros y Jaime Campos.
El director de El Ciudadano ejemplificó que la vivienda del canciller está avaluada en más de $2.000 millones, por lo que, con esta iniciativa, podría ahorrar cerca de $23 millones en contribuciones.
“Así, otros adultos mayores como Andrónico Luksic y Eliodoro Matte no tendrían que pagar este impuesto territorial. La situación es tal que incluso Pablo Longueira, quien se vería beneficiado por la medida, ha señalado que se debería permitir que algunos adultos mayores puedan seguir pagando contribuciones”.
Además, explicó que, aunque la medida beneficiaría alrededor de 200 mil personas, el monto involucrado representa más del 10 % de lo recaudado por impuesto territorial, recursos que financian el Fondo Común Municipal y que son clave para el funcionamiento de muchos municipios.
Por lo tanto, advirtió que sin una compensación suficiente, la reducción se podría traducir en recortes en áreas como seguridad, mantención de espacios públicos, salud y educación. Además, indicó que los principales afectados serían los habitantes de comunas populares, que dependen en mayor medida de estos recursos.
Ramis advierte pérdida fiscal y efectos en municipios
Por su lado, Álvaro Ramis señaló que las cifras proyectadas sobre el territorio dan cuenta de un panorama bastante distinto al que quiere instalar el gobierno con su paquete económico.
“La pérdida fiscal asciende a 4.393 millones de dólares al año y 1,2% del PIB. ese dinero no desaparece en el vacío, se redistribuye y la dirección en que fluye lo define todo. Estamos hablando de 4.393 millones de dólares, una pérdida fiscal anual del 1,2% del PIB. El 80% del beneficio es captado por el 1% más rico. La compensación al Fondo Común Municipal, por lo tanto, se diluye. Lo que el municipio pierde es mucho”, explicó Ramis.
Ramis agregó que para poder compensar la caída de ingresos, el gobierno recorta el gasto público en 3.800 millones de dólares, recorte que alcanza a salud primaria, a educación municipal, a vivienda, empleo y seguridad. Además, señaló que la compensación del fondo común municipal alcanza los 170 millones frente a una pérdida de 4.000 millones.
“Esa cifra es simbólica. Las comunas más pobres serán las más perjudicadas. El municipio recibe menos del estado y al mismo tiempo ve debilitada su base de patentes por el alza de las pymes. Un cóctel de estiramiento fiscal en plena desaceleración económica”, indicó.
Asimismo, declaró que el paquete tributario favorece a las grandes empresas —a las que se les reduce el impuesto— mientras aumenta la carga a las pymes, que concentran gran parte del empleo local, lo que podría afectar su sostenibilidad, incentivar la informalidad y reducir ingresos municipales.
También cuestionó las proyecciones de empleo, indicando que el principal incentivo no exige crear nuevos puestos de trabajo, por lo que podría no generar impacto real.
Por otro lado, sostuvo que las medidas son regresivas: la mayor parte de los beneficios se concentra en el 1% más rico, mientras los sectores de menores ingresos reciben aportes mínimos, sin efectos relevantes en consumo o reducción de la pobreza.
En cuanto al impacto en los municipios, señaló que alcaldes y alcaldesas verán reflejados estos efectos directamente en sus presupuestos. Advirtió una reducción en las transferencias para salud primaria, un debilitamiento de la base comercial de las comunas y un aumento de las demandas sociales, con más vecinos enfrentando desempleo o dificultades para pagar sus cuentas.
“Verán debilitada la base comercial de su comuna, verán aumentar las consultas de vecinos que no encuentran trabajo, que no pueden pagar sus cuentas y lo harán con menos herramientas que antes”, planteó el rector.
Olmos advierte impacto directo en servicios municipales
En tanto, el alcalde de La Cisterna, Joel Olmos, declaró que los anuncios del gobierno podrían tener efectos directos en la capacidad de los municipios para entregar servicios, marcando —según indicó— una manera de ejecutar la política pública que disminuye sus herramientas y afecta la vida diaria a nivel local.
Además, Olmos explicó el funcionamiento de los fondos municipales tomando como ejemplo La Cisterna, una comuna de cerca de 100 mil habitantes con un presupuesto aproximado de 35 mil millones de pesos. Contrastó esta realidad con comunas como Vitacura, que con una población similar cuenta con más de cuatro veces ese presupuesto, lo que —afirmó— evidencia una fuerte desigualdad en la distribución de recursos entre municipios. Esta diferencia también se refleja en infraestructura, como la cantidad y calidad de áreas verdes.
“Hay municipios que administran pobreza y otros que administran riqueza. Y esto se genera porque los municipios reportan o obtienen recursos mediante los aportes del Estado que vienen a través del Fondo Común Municipal y por un mecanismo que tiene que ver con la capacidad de los municipios de recaudar este tipo de impuestos”, señaló.
Entre los ingresos mencionados por Olmos se encuentran las contribuciones, patentes comerciales, permisos de circulación y, en menor medida, publicidad.
Asimismo, indicó que no todas las viviendas pagan contribuciones —solo las de mayor avalúo—, lo que limita la recaudación en comunas con menos recursos, a lo que se suma menor actividad comercial. Por ello, municipios como La Cisterna enfrentan límites estructurales para aumentar ingresos.
Además, el alcalde advirtió que las medidas implicarían una fuerte caída en la recaudación y recortes en el gasto público, afectando áreas como salud, educación y seguridad. En ese escenario, sostiene que los beneficios se concentran en los sectores de mayores ingresos, mientras los más vulnerables ven reducido su acceso a servicios esenciales.
Por otro lado, Olmos señaló la preocupación que causa el costo de la vida y la falta de medidas efectivas en empleo y seguridad. Además, mencionó la necesidad de articularse entre municipios frente a temas como contribuciones y desregulación urbana.
Sobre esto último, alertó que una mayor densificación podría saturar servicios básicos y empeorar la calidad de vida, lo que ya ha obligado a aumentar el gasto en seguridad en desmedro de otras áreas. En ese escenario, advirtió un deterioro de los servicios y de las condiciones urbanas.
“En el Partido Socialista se generó esta reunión que tenía la idea de vincular el esfuerzo que hacen los partidos políticos, algunos diputados y los municipios para alinearse y de esa manera poder resistir una agenda común”, indicó.
Finalmente, Olmos cuestionó que las políticas actuales beneficien a sectores de mayores ingresos y advirtió que esto limita la capacidad del Estado para responder a necesidades sociales.
A continuación, revisa la entrevista completa a Álvaro Ramis y Joel Olmos en Sentido Común:
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