Un grupo de abogados interpuso recursos de protección contra el mecanismo de cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE) impulsado por la Tesorería General de la República (TGR), cuestionando la legalidad de eventuales embargos de bienes a deudores morosos.

La acción judicial, revelada por Biobío, fue encabezada por el abogado Héctor Anabalón, del estudio HAZ Abogados, quienes recurrieron ante la Corte de Apelaciones de San Miguel con el objetivo de frenar los procedimientos de cobro que la Tesorería busca aplicar.

Según lo planteado, el CAE —regulado por la Ley N° 20.027— corresponde a un crédito educacional y no a una obligación tributaria, por lo que no sería procedente aplicar mecanismos excepcionales como el embargo administrativo, reservado para deudas fiscales, herramienta estipulada en el Código Tributario.

Cuestionamientos

Desde el estudio jurídico sostienen que la normativa vigente establece que la cobranza de este tipo de créditos debe realizarse mediante las reglas generales, tanto en sede judicial como extrajudicial, y no a través de facultades especiales que permiten a la Tesorería ejecutar embargos de forma directa.

En esa línea, advirtieron que la aplicación de estos procedimientos implicaría otorgar a la TGR atribuciones que no estarían contempladas en la legislación específica del CAE. “En otras palabras, la TGR estaría actuando como ‘supercobrador’ sin habilitación legal expresa”, señalaron.

Asimismo, los abogados plantean que este mecanismo podría vulnerar derechos fundamentales, como el derecho de propiedad y la igualdad ante la ley, al someter a los deudores del crédito estudiantil a un régimen de cobro más estricto que el previsto.