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El Perú tiene derecho a proteger sus fronteras. Durante años no lo hizo y la migración venezolana se desbocó. La delincuencia y la violencia incrementaron dramáticamente. En 57% aumentaron las denuncias por extorsión en Lima entre enero y agosto de este año respecto del mismo periodo de 2024.

En este drama de inseguridad juramentó el séptimo Presidente peruano en ocho años, José Jerí. Su bandera es la lucha contra la inseguridad. No declarar el estado de emergencia en la frontera con Chile –y la consiguiente militarización– cuando se presentaron migrantes venezolanos que buscaban transitar al Perú se hubiera tomado como una abdicación de su responsabilidad y promesa.

Era la opción natural. El propio Presidente Jerí reconoció que fueron tres factores los que llevaron a su gobierno a declarar el estado de emergencia en la frontera: la inseguridad que se vive en el país, el aumento en el flujo de migrantes indocumentados de Chile al Perú –sin presentar evidencia– y la promesa de José Antonio Kast, que hace cuenta regresiva en público al día que, según él, llegará a La Moneda para expulsar a los migrantes ilegales de Chile.

Pero hay matices. La incapacidad de los gobiernos peruanos de combatir la violencia en las calles lleva a que actúen de manera populista: estados de emergencia que no funcionan, militares que pasean en las calles. Cifras recientes han revelado que estas acciones no reducen la delincuencia, pero en el caso de la frontera, sí han logrado disuadir a migrantes.

Chile tiene derecho a proteger sus fronteras. La laxitud en el control migratorio del Perú ha afectado a Chile; la laxitud de Chile ha afectado al Perú. La solución, por tanto, debe ser conjunta. El anuncio de reuniones bilaterales de cancilleres es un primer paso. Una acción concreta, sin embargo, es lo que falta, como la propuesta de Kast de establecer un corredor migratorio que involucre también a Ecuador, Colombia y Venezuela. La duda es si aceptará el dictador sentado en Caracas.

Por Rodrigo Salazar, periodista peruano.