
El Tribunal Administrativo de Antioquia abrió un incidente de desacato contra altos funcionarios del Gobierno Petro, tras el presunto incumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con el pago de la deuda del sistema de salud con la red hospitalaria de Medellín.
La decisión involucra al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, el director de la ADRES, Félix León Martínez, el superintendente de Salud, así como interventores designados por el Gobierno Nacional en diferentes EPS intervenidas.
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El proceso judicial se origina en el incumplimiento de órdenes previas relacionadas con el pago de deudas a clínicas y hospitales de la ciudad.
El pasado viernes 10 de abril, la administración distrital decretó la emergencia hospitalaria en Medellín, tras una reunión entre el alcalde y directivos de clínicas y hospitales de la ciudad.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, señaló que la red hospitalaria enfrenta una crisis derivada de la falta de pagos por parte del Gobierno Nacional, que según la Alcaldía ascienden a cerca de 8 billones de pesos.
Tras conocerse la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia de abrir el incidente de desacato, el alcalde Federico Gutiérrez se pronunció a través de un video difundido en sus redes sociales, en el que explicó el alcance del fallo y reiteró la posición de la administración distrital frente a la crisis del sistema de salud.
En su intervención, el mandatario aseguró que la justicia respaldó las acciones emprendidas por la Alcaldía para exigir el cumplimiento de las órdenes judiciales relacionadas con el pago de la deuda hospitalaria.
Gutiérrez afirmó: “La justicia de nuevo nos da la razón. El día de ayer nosotros le solicitábamos a la justicia que hiciera cumplir ya una orden judicial al ministro de Hacienda, al ministro de Salud, al director de Adres y al director de Nueva EPS para que paguen lo que le deben a las clínicas y hospitales de Medellín. Dos punto diecisiete billones de pesos de deuda a clínicas y hospitales públicos.”
El alcalde también se refirió a la situación del sistema de salud y a la atención de los pacientes, señalando que existe una afectación directa en la prestación de servicios: “Están matando a la gente. La crisis de la salud es inducida por el Gobierno Petro y están matando a la gente, no le están dando los medicamentos.”
En su mensaje, Gutiérrez explicó que el Tribunal abrió el incidente de desacato contra los funcionarios señalados y advirtió sobre los términos establecidos para cumplir la orden judicial: “Nos acaba de llegar esta decisión judicial que interpusimos nosotros el día de ayer y básicamente lo que define es la apertura de incidente de desacato para estas personas que acabo de mencionar.”
El mandatario añadió que el fallo establece un plazo corto para que los implicados den cumplimiento a las órdenes: “Se pueden exponer donde les dan tres días para cumplir una orden judicial que se definió desde agosto del año pasado.”
Además, advirtió sobre las posibles consecuencias jurídicas en caso de incumplimiento: “Si no la cumplen en tres días, pueden terminar pagando hasta cincuenta salarios mínimos, pero además hasta seis meses de cárcel.”
Finalmente, reiteró la posición de la administración distrital frente a la situación del sistema de salud en la ciudad: “Nosotros vamos a seguir defendiendo a los pacientes. Están matando a la gente. Que cese rápido la horrible noche y que esta gente o cumpla en tres días o que se los lleven pa’ la cárcel.”

De acuerdo con la información entregada por la Alcaldía de Medellín, la red hospitalaria presenta niveles de ocupación superiores a su capacidad habitual.
Las cifras reportadas indican:
Según la administración distrital, esta situación ha generado dificultades en la atención de pacientes y en la operación de distintos centros asistenciales.

La Alcaldía recordó que el 11 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó al Gobierno Nacional el pago de las deudas con la red hospitalaria de Medellín, como resultado de una acción judicial interpuesta por la administración distrital.
Posteriormente, la administración señaló que el fallo no fue cumplido dentro de los plazos establecidos, lo que dio lugar a un primer trámite de desacato iniciado el 2 de febrero de 2026.
Según la Alcaldía, este trámite también habría sido incumplido, motivo por el cual se presentó una nueva solicitud ante el Tribunal.
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