El Ciudadano
Por Erika Tejerina Donoso
Señora ministra de Educación, María Paz Arzola González:
Le escribo como apoderada de un Liceo Bicentenario, no desde una consigna política, sino desde la experiencia de quienes conocen el valor real de esta política pública en la vida de niños, niñas y adolescentes.
Los Liceos Bicentenario existen desde 2010 y hoy reúnen a 420 establecimientos. No son una placa ni una etiqueta: son espacios donde la educación pública demuestra que puede ser exigente y transformadora. Ahí la meritocracia deja de ser discurso y se hace carne: estudiantes de distintos contextos acceden a educación de calidad y desarrollan herramientas reales para ingresar a la educación superior y sostenerse en ella.
Por eso resulta brutal reducir en más de un 40% sus recursos. Según información pública, el presupuesto pasaría de $6.504 millones a $3.848 millones: $2.655 millones menos. El golpe recae en transferencias de capital: inversión, infraestructura y condiciones materiales para aprender.
Comprendiendo la relevancia de la infraestructura, este recorte es aún más grave. Laboratorios, salas dignas, tecnología, bibliotecas, accesibilidad, baños, patios y espacios seguros no son lujos: son parte del derecho a educarse con dignidad. Exigir excelencia desde la precariedad es cinismo institucional.
Un alumno de un Liceo Bicentenario no solo recibe contenidos: aprende esfuerzo, proyección y responsabilidad social. Aprende que su origen no tiene por qué determinar su destino. Ese impacto se mide en trayectorias y futuro país.
Recortar una política que sostiene calidad, mérito y movilidad social no parece eficiencia: parece daño social administrado.
Detrás de cada estudiante hay una familia comprometida, docentes, equipos directivos y comunidades educativas que trabajan mancomunadamente. Esa alianza forma ciudadanos de gran valor: jóvenes preparados y responsables.
Por eso es legítimo poner en duda la capacidad técnica de esta decisión. Gobernar educación no es leer una planilla; es comprender el impacto humano de cada peso que se reduce. Una autoridad competente distingue entre gasto prescindible e inversión estratégica. Recortar una política que sostiene calidad, mérito y movilidad social no parece eficiencia: parece daño social administrado.
El doble discurso es evidente. Se habla de mérito, pero se debilitan los espacios donde el mérito se hace carne. Se habla de calidad, pero se reducen recursos a quienes sostienen estándares. Se habla de futuro, pero se castiga a estudiantes que no piden privilegios, sino condiciones justas.
Si esta decisión fue tomada con pleno conocimiento de su impacto, es grave. Si fue tomada sin comprenderlo, es aún más grave. Solicito que sea revisada, explicada y transparentada. No basta con decir que el programa continúa. Una política puede existir formalmente y, al mismo tiempo, ser debilitada.
La austeridad sin criterio no es responsabilidad fiscal. Es abandono disfrazado de gestión. Y cuando ese abandono cae sobre estudiantes que hicieron del esfuerzo una ruta social, el costo lo pagan sus trayectorias, familias y el futuro común de Chile.
Erika Tejerina Donoso
Apoderada Liceo Bicentenario
Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.
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