En qué punto está el ‘caso Begoña Gómez’ un año después de que Pedro Sánchez confesara estar “profundamente enamorado” y estuvo a punto de dimitir

En qué punto está el ‘caso Begoña Gómez’ un año después de que Pedro Sánchez confesara estar “profundamente enamorado” y estuvo a punto de dimitir

“¿Merece la pena todo esto?“, preguntaba el presidente a la ciudadanía tras explicar el ”acoso" que se estaba llevando a cabo contra su esposa

Hace justo un año que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, consiguió mantener a toda España en vilo. En su cuenta de X publicaba una carta en la que indicaba que estaba en duda su permanencia al frente del Ejecutivo debido a la apertura de las diligencias en contra de su mujer, Begoña Gómez.

“¿Merece la pena todo esto?“, preguntaba a la ciudadanía, tras explicar el ”acoso" que se estaba llevando a cabo contra su mujer y relataba que necesitaba un tiempo para reflexionar si debía seguir en su puesto. Cinco días más tarde Sánchez hizo un alegato público en el que indicó que seguiría adelante como presidente y todo quedó en nada. Sin embargo, la causa contra Begoña Gómez terminó y a día de hoy sigue activa.

Una querella basada en recortes de periódicos

Esta causa comenzó con una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias, y desde un primer momento estuvo rodeada de polémica. En el escrito se acusaba a Gómez por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, pero sus alegaciones se basaban solamente en varios artículos periodísticos, uno de ellos un bulo, como se acabó demostrando. La propia asociación admitió que esas informaciones podían ser “ciertas o no”.

Sin embargo, la causa acabó en manos del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid y su titular, el juez Juan Carlos Peinado. Cercano a las polémicas y conocido por los medios, decidió hacer caso a Manos Limpias y así comenzó la investigación.

Lo que recogía dicha denuncia, un tema que ya llevaba tiempo debatiéndose en el ámbito político, era que supuestamente la esposa de Sánchez habría mantenido reuniones con varias empresas privadas, entre las que destacan Globalia y Air Europa, que más tarde acabaron recibiendo fondos y contratos públicos del actual Gobierno.

También aseguraban que Gómez habría firmado cartas de recomendación para la UTE Innova Next SLU-Escuela de Negocios The Valley de la que era accionista el empresario Carlos Barrabés, director del máster de la cátedra de la Universidad Complutense que codirigía con Begoña Gómez y a quien Manos Limpias señala como beneficiario de las “recomendaciones o avales” de Gómez, que habría ayudado a que las empresas se llevasen un contrato del Gobierno de 7 millones de euros.

Aparte de la carta escrita por el presidente, esta noticia causó un gran revuelo entre políticos, con la izquierda acusando al juez de estar actuando de forma arbitraria y que en España existe ‘lawfare’ y la derecha pidiendo la inminente dimisión de Sánchez.

“Hay razones para iniciar la investigación”

La Fiscalía intentó parar esta investigación tras un informe de la UCO en el que se descartaba que hubiera vinculación entre la esposa de Pedro Sánchez con el ex consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, que favoreciera el rescate de la aerolínea de la compañía por parte del Estado. También se descartaba que su intervención decantara adjudicaciones a empresas del empresario Juan Carlos Barrabé.

El 29 de mayo la Audiencia Provincial de Madrid respondió desestimando las pretensiones del Ministerio Público al considerar que “hay razones” para que se inicie una investigación de los hechos denunciados sobre Begoña Gómez.

La segunda carta de Sánchez

Ese verano toda España estaba sumida en las elecciones europeas y tan solo cinco días antes del día de la votación, Gómez debía presentarse en los juzgados para declarar como investigada. Desde el Ejecutivo vieron con “extrañeza” que se realizará tan cerca de las elecciones y desde PP y Vox consideraron que era el momento de que Pedro Sánchez asumiera de forma “inmediata” su responsabilidad política por los hechos.

El presidente tenía otra estrategia y decidió publicar una nueva carta en sus redes. En ella recriminaba que se había roto “la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos” y acusaba directamente a PP y Vox de promover un “gran bulo” para “interferir en el resultado electoral”.

¿Qué estaba investigando el juez Peinado?

Mientras tanto, el caso seguía su curso en la justicia y en un nuevo paso adelante, la UCO, bajo las órdenes de la Fiscalía Europea, se presentó en la sede de la empresa pública Red.es para recabar los correos electrónicos vinculados con las contrataciones a Barrabés. En concreto, se solicitó acceder a los mails sobre los contratos otorgados a la UTE Innova Next SLU- Escuela de Negocios The Valley, recomendados por Begoña Gómez en dos cartas.

Aquí, la Fiscalía Europea entró en juego y reclamó al juez Peinado la competencia sobre esta parte del procedimiento, entendiendo que eran ellos los que tenían la competencia tras analizar los hechos. Esto desencadenó una pelea entre la defensa de Begoña Gómez y el juez, ya que los primeros no tenían claros que indicios la mantenían imputada ni qué hechos se estaban indagando.

Peinado defendió que estaba investigando “dos bloques” sin relación con los contratos adjudicados a sociedades del empresario Juan Carlos Barrabés, que es lo que se quedó la Fiscalía Europea.

Por lo que su respuesta al abogado de la investigada fue que estaba indagando en “todos los actos, conductas y comportamientos” llevados a cabo por Begoña Gómez “desde que su esposo es el presidente del Gobierno que se contienen en la denuncia inicial” presentada por Manos Limpias. El magistrado insistió en que “no está obligado” a informar de los hechos que investiga.

Las declaraciones de Begoña Gómez y Pedro Sánchez

Finalmente llegó el día de la declaración de Gómez. El 5 de julio acudió a Plaza de Castilla, pero acabó siendo suspendida su intervención con el fin de no causarle “indefensión”, ya que no había sido informada de una nueva querella por parte de la asociación ultracatólica Hazte Oír, también por tráfico de influencias.

Dos semanas después, volvió a los juzgados y se acogió a su derecho a no declarar por recomendación de su abogado. Unos días más tarde le llegó el turno al empresario Carlos Barrabés que tras declarar, el juez le cambió la condición de testigo a investigado.

En ese tiempo, la UCO remitió un nuevo informe sobre seis contratos adjudicados a las empresas de Juan Carlos Barrabés y en el que concluyeron que se tramitaron “con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública”.

Tan solo tres días después de la declaración de Gómez, el juez Peinado soltó un bombazo: llamaba a declarar a Pedro Sánchez como testigo. Tras unos desencuentros de como se debía celebrar el evento, se acabó determinando que el propio juez fuera presencialmente a la Moncloa para tomarle declaración.

Tras toda la expectación, el final fue bastante anticlimático y Sánchez, como marido de Begoña Gómez, se acogió a su derecho a no declarar. Para Peinado, su “silencio”, aunque “legítimo”, permitió que se sacarán “conclusiones”.

Querellas contra Peinado

A partir de este episodio, la Moncloa comenzó la ofensiva. Tan solo pasaron unas horas para que Sánchez anunciara que presentaba una querella contra el juez Peinado por prevaricación judicial. Lo mismo hizo Begoña Gómez unos días más tarde incluyendo el delito de revelación de secretos.

Ambas fueron desestimadas por la Fiscalía. En octubre el TSJ de Madrid solicitó al instructor que acotará la investigación y eliminará las acusaciones relacionadas con le rescate público de Globalia en 2020.

Peinado no se rindió, y ese mismo mes imputó a Begoña Gómez dos nuevos delitos: apropiación indebida e intrusismo profesional, admitiendo una querella de la asociación Hazte Oír, y la citó a declarar el 18 de noviembre. Otra vez se presentó, pero se acogió a su derecho a no declarar.

El juez Peinado vuelve a Moncloa

Tras unas vueltas más en la investigación, a finales del año pasado le llegó el turno de declarar a la exasesora en Moncloa de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, como testigo. Una vez más, el juez Peinado acabó cambiando su condición a investigada, al entender que su contratación fue fraudulenta.

Esto ha llevado a que el juez se presente una vez más en Moncloa, esta vez para interrogar al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, para indagar en un presunto delito de malversación el nombramiento de Álvarez.

En su declaración, Bolaños defendió que no participó en el nombramiento de la asesora de Begoña Gómez ni fue su superior, pero ha asegurado que dicha contratación se hizo conforme a la ley. También recordó que la figura de asistente de la mujer del presidente ha existido con todos los gobiernos anteriores y que la única diferencia es que en esta ocasión solo había una asistente y las esposas de anteriores presidentes tenían varios.