La subasta de los derechos del fútbol está en el aire: LaLiga ha presentado el pliego de condiciones para las temporadas que van desde la 2027/2028 a la 2031/2032. Aparte de obtener los derechos audiovisuales para España y Andorra, las empresas que consigan los paquetes de emisión deberán convertirse en una especie de policía para LaLiga. La CNMC ya se ha quejado por ello.
Las condiciones. Como comercializadora de los derechos televisivos de las ligas de fútbol españolas, LaLiga debe subastarlos en diferentes paquetes, debe establecer las condiciones de la subasta y tiene la obligación de vigilar para que todo el proceso sea transparente y no implique unas obligaciones que excedan el Real Decreto-ley 5/2015.
Sin que aún se haya celebrado la subasta, las condiciones impuestas por LaLiga son excesivas según lo que tiene establecido como comercializadora de derechos. Así lo expresó la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC). Según la Comisión, LaLiga debe:
«Limitar las obligaciones de colaboración por parte del adjudicatario a las indispensables para la comercialización, evitando imponer cargas que resulten desproporcionadas o injustificadas».
¿Y qué cargas ve la CNMC como injustificadas? Entre otras condiciones, las empresas que consigan los derechos en la próxima subasta del fútbol deberán imponer medidas restrictivas para impedir las emisiones sin licencia. En la práctica, LaLiga traslada su estrategia de bloqueos de Internet a los futuros dueños de los derechos.
Imagen de LaLiga
De plataforma de contenidos a policía. Quienes se lleven los derechos de emisión para las futuras temporadas futboleras no solo adquieren la posibilidad de rentabilizar los derechos, también la obligación de tener un rol activo contra las emisiones no autorizadas. Esto incluye colaborar con LaLiga en acciones judiciales y extrajudiciales.
Según el pliego de condiciones para la futura subasta de derechos del fútbol:
- El adjudicatario será responsable de que los lotes sean exclusivamente accesibles desde España y Andorra.
- El adjudicatario debe aplicar un paquete completo de medidas antifraude si emite en plataformas digitales: DRM, rotación de claves, bloqueo de captura de imagen y audio, antiVPN y geobloqueo, marcas de agua y fingerprint, 2FA, control de acceso en CDN, validación de pagos y verificación de la ubicación de los abonados.
- Los adjudicatarios deben colaborar con LALIGA suministrando información y documentación que permitan la localización de puntos y focos de retransmisión no autorizada.
- Si las plataformas tienen su propio reproductor de contenidos para emitir los partidos de LaLiga, estos deben tener bloqueada la instalación de archivos apk y otras apps desde fuera de las tiendas oficiales.
- Los adjudicatarios deben declarar voluntariamente en los juicios que impulse LaLiga para defender sus contenidos y emitir los certificados que se les pidan para esos procedimientos.
- Quienes consigan los derechos de emisión deben apoyar activamente a LaLiga en su política antipiratería: impulsar bloqueos dinámicos en directo de webs e IPs que emitan contenido no autorizado, colaborar para que los tribunales los autoricen y ejecutarlos de forma inmediata a cualquier hora. También deben participar en acciones legales contra intermediarios que permitan saltarse esos bloqueos, como VPN, proxies, DNS o servicios de hosting.
- LaLiga exige que, si el adjudicatario es un operador, colabore en identificar a los clientes que vean sus partidos por vías como AceStream o cardsharing. Esto supone que, cuando un juez lo pida, el operador debe aportar datos técnicos que permitan detectar ese uso; lo que en la práctica implica tener capacidad para analizar o rastrear el tráfico asociado a IPTV no autorizado. Además, el operador no puede recurrir las resoluciones judiciales que ordenen esa identificación.
Este resumen de condiciones aplicadas a la vigilancia de emisión excede ampliamente las capacidades que tiene LaLiga como comercializadora de derechos. En la práctica, obliga a los adjudicatarios a convertirse en policías de Internet. Incluso podría implicar el análisis del tráfico bajo orden judicial. La CNMC tenía motivos más que suficientes para su serio aviso a LaLiga.
De rebote, fútbol más caro. Si la subasta de derechos de emisión de fútbol tiende a ser cara, y no suelen acudir demasiadas empresas, la que está próxima a celebrarse apunta a ser todavía más restrictiva. Quienes se lleven los derechos no solo deben invertir en su retransmisión, también en todas las medidas de vigilancia que implican las concesiones. La tecnología necesaria apunta a encarecer todavía más la comercialización de los paquetes de fútbol.
Si el fútbol es cada vez más caro, y los adjudicatarios obligan a adquirir paquetes de fibra y móvil demasiado complejos, no parece que las IPTV sin derechos vayan a desaparecer, más bien al contrario. Es un sinsentido que hace daño a quienes menos deberían sufrirlo: los aficionados al fútbol.
Imagen de portada | Gemini editada
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En su lucha contra la piratería, LaLiga encontró la manera de ganar aliados: convertir en policías a quienes consigan los derechos
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por
Iván Linares
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