El Ciudadano
Un hecho consumado y una crónica anunciada
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) consumó este martes 20 de enero lo que durante semanas fue negado por las autoridades provinciales: la intervención del Puerto de Ushuaia. Mediante la Resolución 4/2026, firmada por Iñaki Arreseygor, la Nación asume por al menos 12 meses el control del activo estratégico más importante de Tierra del Fuego en términos marítimos, logísticos y antárticos.
Esta medida, que despoja a la provincia de su principal herramienta de soberanía austral, fue anticipada con precisión y rigor documental por Agenda Malvinas, cuyas publicaciones fueron inicialmente descalificadas por el gobierno fueguino.
Durante tres semanas, la gestión del gobernador Gustavo Melella y de la empresa estatal FORJA sostuvo un relato de normalidad operativa. Sin embargo, como reveló Agenda Malvinas basándose en la Nota NO-2025-139247837, los inspectores nacionales ya habían detectado fallas estructurales críticas. El gobernador llegó a acusar a este medio de difundir «mentiras» y de ser parte de «operaciones pagas», una narrativa que hoy se derrumba ante la contundencia de los informes técnicos y la resolución oficial que confirma la intervención.
La auditoría que fundamenta la intervención nacional expone un cuadro de abandono y mala gestión que supera la mera desidia. Agenda Malvinas detalló hallazgos escandalosos: desde pilotes cortados en el Sitio 3 que comprometen la infraestructura, hasta el desvío de $1.411 millones a la Obra Social de Empleados Fueguinos (OSEF). A esto se suma la tercerización de registros clave a una empresa habilitada para vender «paraguas, termos y pelucas», y una desinversión crónica donde solo el 1.3% del presupuesto se destinó a obras, licuando el 33% en subsidios ajenos al puerto.
Bajo la nueva administración, la Prefectura Naval Argentina controlará la seguridad operativa, mientras las gerencias técnicas, aunque con personal fueguino, responderán a mandos nacionales.
Analistas y la propia línea editorial de Agenda Malvinas advierten que este paso podría ser el preludio de una privatización de los servicios portuarios o, peor aún, de la entrega del Polo Logístico Antártico a capitales extranjeros.
La pérdida de la gestión local significa, en la práctica, que Tierra del Fuego queda relegada a un mero espectador en las decisiones sobre el Atlántico Sur y la Antártida, pilares de su razón de ser provincial.
La noticia de la intervención generó una ola inmediata de rechazo y preocupación en diversos sectores políticos, sindicales y analíticos. Estas son algunas de las voces más destacadas:
El rechazo sindical y provincialista
La Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos (APDFA) emitió un comunicado contundente: «APDFA rechaza la intervención del Puerto de Ushuaia por considerarla arbitraria, excesiva e ilegal. Solidaridad con los trabajadores y con la Provincia de Tierra del Fuego«.
El mensaje refleja el malestar en el sector y la percepción de un avasallamiento federal.
Por su parte, el legislador provincial peronista Matías Lapadula fue uno de los más críticos, hilvanando una serie de posts donde afirmó: «La intervención del Gobierno Nacional sobre el Puerto de Ushuaia es de extrema gravedad. Es una intromisión indebida sobre bienes, competencias e ingresos que pertenecen a la Provincia«.
Acusó al gobierno nacional de despreciar el federalismo y al provincial de incurrir en desidia y contradicciones tardías.
Desde una perspectiva de política nacional, Alejandro “Topo” Rodríguez, Director del Instituto Consenso Federal, lanzó una grave acusación: «MILEI MANOTEÓ EL PUERTO DE USHUAIA Y HOY LO PONDRÁ AL SERVICIO DE TRUMP«. En su extenso hilo, sugiere que la intervención es un movimiento premeditado para ofrecer facilidades portuarias de uso militar y comercial a Estados Unidos, citando los propios fundamentos estratégicos de la resolución.
Señala: Milei ofrecerá el puerto de Ushuaia al Presidente de Estados Unidos, para uso militar y comercial (…) De hecho, entre los fundamentos de la resolución que usó para manotearse ilegalmente el Puerto, Milei hizo consignar que «su ubicación en el Atlántico Sur, al sur del continente, y su cercanía con la Antártida, convierten al puerto en un punto clave para el abastecimiento antártico y la operación de campañas científicas, así como en un puerto de importancia estratégica para la República Argentina, especialmente en la custodia de sus aguas y territorios australes (…) Y se agrega: «el Puerto de Ushuaia resulta fundamental no sólo por su importancia estratégica y geopolítica, sino también por su papel en la logística, el comercio regional y el turismo»”.
Finaliza: “Esta decisión de Milei genera un antecedente temerario, contra las provincias y contra el interés nacional (…) Todos los gobernadores deberían reaccionar”.
El analista español Eduardo García, en el medio La Base TV, agregó una capa de preocupación geopolítica global, señalando que los planes podrían «incluir avanzar en una instalación de una base militar estadounidense permanente en Tierra del Fuego«.
Esta perspectiva internacional refuerza los temores sobre una posible extranjerización de la infraestructura estratégica.
La entrada “Es un atentado a la soberanía”: Califican de extrema gravedad intervención de Milei en Tierra del Fuego y entrega de Ushuaia a Trump se publicó primero en El Ciudadano.
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