En 2001 y 2006, gracias a los resultados del Panel Casen, se evidenció una vulnerabilidad poco mencionada: mientras se celebraba la reducción de la pobreza, cerca de un 30% de las familias caía al menos una vez bajo su línea. Bastaba un despido, una enfermedad o una crisis para volver atrás. Esa “otra inseguridad” se complementó también con los Informes de Desarrollo Humano del Pnud (1998, 2002 y 2004), alertando sobre la brecha entre el progreso material y el bienestar subjetivo de la población. Una autopercibida clase media con temores a retroceder y una creciente percepción de desigualdad, empezaron a tensar nuestro modelo de desarrollo.
Este diagnóstico de vulnerabilidad empujó una serie de mecanismos para repartir riesgos y garantizar mínimos compartidos, los que fueron estructurando nuestro sistema de protección social. Así surgieron el Chile Solidario, el Seguro de Cesantía y el plan Auge (Lagos); el Chile Crece Contigo y la Reforma Previsional de 2008 (Bachelet); el subsistema Seguridades y Oportunidades y Ley de Garantías de la Niñez (Piñera), entre otras. Cada una, con sus virtudes y límites, intentaba responder a esa misma realidad, desde perspectivas políticas distintas, construyendo un piso con el que millones empezaron a contar.
En salud, los saltos son notorios. El Auge incorporó garantías exigibles para los ciudadanos, y desde su creación pasó de 25 patologías iniciales y 1,9 millones de casos anuales, a 90 patologías y más de 3,7 millones de casos en 2025. Por otro lado, la Ley Ricarte Soto brinda cobertura financiera para enfermedades de alto costo sin discriminar por sistema de cotización. Cerca de 9 mil pacientes al año, 75 mil acumulados desde su implementación, de los cuales más de 20 mil han sido niños y niñas. También, desde el 2022 el Copago Cero ha beneficiado a 2 millones de personas de clase media, con ahorros por $370 mil millones. Y si bien los avances en la cobertura complementaria de FONASA y en la universalidad de la atención primaria buscan seguir fortaleciendo la protección social en salud, podemos constatar que las familias le exigen más al Estado, con justa razón.
En pensiones también se observa. La reforma de 2008 creó la Pensión Básica Solidaria de $60 mil para unas 600 mil personas, además del Aporte Previsional Solidario. Para el estallido social, y con la demanda por mejores pensiones como una de las principales banderas, la PBS alcanzaba los $110 mil. En 2020, el Congreso impulsó un aumento del 50% en la PBS que, pese a resistencias iniciales del Ejecutivo, se materializó gradualmente. En 2021, días antes de la segunda vuelta presidencial, se anunció la Pensión Garantizada Universal, que transformó un esquema subsidiario en un pilar casi universal. Hoy, tras la reforma de pensiones impulsada por el presidente Boric, la PGU alcanza a 2,3 millones de personas mayores, con montos ajustándose a los $250 mil. También se suman nuevos beneficios del seguro social por año cotizado y la eliminación de la injusta discriminación que existía contra las mujeres, siendo la licitación del 10% del stock de afiliados la que más resistencia generó en la industria, al beneficiar a los cotizantes a costa de las AFP.
A esto se suma el esfuerzo del actual Gobierno para consolidar un Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. Ante un acelerado envejecimiento de la población, la movilización de miles de mujeres logró instalar la corresponsabilidad de los cuidados en el centro del debate. Lo que antes aparecía como una suma de programas, comenzó a aumentar cobertura y a articularse bajo un objetivo común, desde un enfoque de derechos y sumando una ventanilla única digital como interfaz. De la misma forma, la automatización e incremento del subsidio familiar, la ley de pago de pensiones de alimentos y el proyecto de sala cuna universal materializan esa prioridad. Con la ley de Cuidados que está por despacharse, se tendrá una línea base para empujar hacia más y mejor cobertura, reconociendo los cuidados como una responsabilidad social y no solo individual o familiar.
En resumen, el sistema de protección social chileno se ha construido bloque a bloque y quedan muchos por colocar. Quien recorra Chile sabrá que, más allá de identidades políticas, la demanda por más protección social sólo crece. Desde el 11 de marzo una nueva administración toma la posta. ¿Seguirán creyendo que esa “otra inseguridad” puede resolverse denostando la labor pública o recortando los mecanismos solidarios y redistributivos que se han creado? Quizás, eso que no se quiso responder con claridad en campaña, tarde o temprano termine chocando con la realidad de los hogares chilenos.
Por Giorgio Jackson, ex ministro de Desarrollo Social.
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