La propuesta impulsada por diputados de la derecha conservadora busca incorporar un nuevo inciso en el Artículo 119 del Código Sanitario, para establecer el deber del médico de ofrecer a la mujer o niña que desee interrumpir voluntariamente su embarazo por alguna de las tres causales, la oportunidad de escuchar los latidos cardíacos del embrión o feto. Si la paciente acepta escuchar los latidos, el procedimiento continuará normalmente, pero si rechaza esa posibilidad, el médico deberá negarse a practicar el aborto, lo que ha suscitado cuestionamientos por el eventual impacto que tendría en el acceso a la prestación y en la salud psicoemocional de mujeres y niñas que ya viven una de las decisiones más difíciles de su vida. La diputada Ximena Ossandón, una de las patrocinadoras del proyecto, ya anunció el retiro de su apoyo a la iniciativa, porque -según explicó- no había leído bien su contenido. Mientras tanto, en las redes sociales algunos usuarios consultan si ¿es necesario torturar a las mujeres de esta manera?
Úrsula Fuentes Rivera. Periodista. “El Siglo. Santiago. 19/07/2026. Críticas desde distintos sectores políticos y de la sociedad civil, y preocupación en organizaciones defensoras de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, ha generado en los últimos días una propuesta legislativa de la derecha, que obligaría a las mujeres a oír los latidos del corazón del feto o embrión para poder acceder a un aborto por alguna de las tres causales permitidas en Chile. De negarse a escuchar, el personal de salud no estaría autorizado a realizar el procedimiento.
El proyecto de ley, denominado “Escucha Corazón”, ya recibió críticas no solo del Colegio Médico y la oposición, sino que también de figuras de la derecha, como la exministra Karla Rubilar (ex RN) y la exsenadora Lily Pérez (ex RN), por considerar que se trataría de una medida coercitiva y revictimizante. Incluso hasta una religiosa de la Orden de las Dominicas se ha hecho viral en redes sociales por manifestar si “¿es necesario torturar a las mujeres de esta manera?
La propuesta legislativa, presentada en el Congreso el 25 de junio por el diputado del Partido Nacional Libertario, Cristóbal Urruticoechea, con el patrocinio y apoyo de las y los diputados Chiara Barchiesi (Partido Republicano), Catalina Del Real (Partido Republicano), Claudia Reyes (Partido Republicano), Ximena Ossandón (Renovación Nacional) y Álvaro Jofré (Partido Nacional Libertario), continúa sumando controversias, luego de que Ximena Ossandón anunciara el retiro de su firma del proyecto, al reconocer que desconocía parte de su contenido.
Según explicó la parlamentaria, pensó que escuchar los latidos del embrión o feto sería una opción para la mujer y no una exigencia para acceder al aborto. Ossandón admitió que firmó la iniciativa sin leer íntegramente el articulado y apuntó a una omisión del impulsor del proyecto, o sea, del diputado Urruticoechea.
¿Qué propone la cuestionada moción?
Este proyecto de ley buscaría incorporar un nuevo inciso en el Artículo 119 del Código Sanitario, para establecer el deber del médico de ofrecer de manera verbal y directa, a la mujer o niña que desee interrumpir voluntariamente su embarazo, la oportunidad de escuchar los latidos cardíacos del embrión o feto mediante los equipos técnicos disponibles.
Si la paciente acepta escuchar los latidos, el procedimiento continuará normalmente, pero si rechaza esa posibilidad, el médico deberá negarse a practicar el aborto, lo que ha suscitado cuestionamientos por el eventual impacto que tendría en el acceso a la prestación.
Cabe recordar que en Chile el aborto es legal sólo en tres situaciones específicas y extremas. Estas causales son el riesgo vital de la embarazada, la inviabilidad fetal (condición médica donde el feto o embrión padece alteraciones genéticas o estructurales graves que lo hacen incompatible con la vida independiente fuera del útero) y el embarazo producto de una violación.
Según cifras del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud, desde el inicio de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en 2018, hasta el 12 de agosto del 2025, se han registrado 6.567casos de abortos por las tres causales. De ellos, 2.924 se realizaron por inviabilidad fetal (45%), 1962 por riesgo vital de la madre (30%) y 1.681 por ser un embarazo producto de una violación (25%).
En un desglose por la causal de violación, más de la mitad de los casos de mujeres menores de 18 años que se sometieron a un aborto voluntario por presentar un embarazo producto de una violación, corresponden a niñas menores de 14 años.
Para Javiera Canales, directora de la Corporación Miles (organización defensora de los derechos sexuales y reproductivos), el proyecto de la derecha conservadora es “preocupante” porque “sólo aumenta el sufrimiento. En el caso de niñas y mujeres embarazadas por violación, la crueldad es aún mayor. Se trata de personas que nunca eligieron ese embarazo y que, muchas veces, llegaron a esa situación porque el Estado no fue capaz de prevenir o detener la violencia sexual que sufrían. Convertir ese momento en una nueva instancia de presión emocional es profundamente revictimizante”, afirmó.
Los impulsores del proyecto sostienen que la iniciativa busca fortalecer el consentimiento informado exigido por la ley. Según el documento, la actividad cardíaca corresponde a un antecedente clínico objetivo y verificable que permitiría que la decisión se adopte con información completa.
Desde el Partido Nacional Libertario han señalado que la propuesta complementa otras iniciativas impulsadas por la colectividad, entre ellas un fondo de acompañamiento para mujeres con embarazos vulnerables, que contempla apoyo económico y psicológico. “No puede haber algo menos ideológico que un latido de un bebé y una ley que permita que su latido se escuche antes de su muerte”, sostuvieron.
Información médica versus vulneración de derechos
Si bien la obligación de escuchar la actividad cardíaca fetal podría presentarse como una medida destinada a entregar más información a la paciente, especialistas advierten que el consentimiento informado también contempla el derecho a rechazar información o procedimientos que la persona no desea recibir.
En esa línea, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que las ecografías no sean un requisito obligatorio para acceder a un aborto y que la información proporcionada sea objetiva, basada en evidencia y no tenga por finalidad influir en la decisión de la mujer o persona gestante.
En Chile, una medida de este tipo podría entrar en tensión con la Constitución, la Ley Nº20.584 sobre derechos y deberes de los pacientes y el artículo 119 del Código Sanitario, que establece que la información entregada debe ser completa y objetiva, sin estar destinada a orientar la voluntad de la mujer.
Asimismo, podría comprometer estándares internacionales de derechos humanos relacionados con la autonomía, la privacidad, la salud y la integridad psíquica, especialmente en casos de violación, inviabilidad fetal o cuando la paciente manifiesta expresamente su negativa a recibir este tipo de información.
“Me preocupa que este proyecto intente presentarse como una medida para fortalecer el derecho a la información, porque el consentimiento informado existe precisamente para garantizar que las personas puedan tomar decisiones libres de presión y de coacción. Cuando rechazar una determinada información tiene como consecuencia perder el acceso a una prestación de salud reconocida por la ley, ya no estamos hablando de consentimiento informado, sino de un mecanismo de presión estatal sobre una decisión profundamente íntima”, advirtió Javiera Canales de la Corporación Miles.
En tanto, el Colegio Médico junto con expresar su preocupación por las implicancias éticas y clínicas del proyecto de ley, reafirmó que el consentimiento informado debe ser un proceso de diálogo, libre de coerción, centrado en la autonomía de la paciente y sustentado en la evidencia científica, el juicio clínico y una relación médico-paciente basada en la confianza y el respeto.
Cuestionamientos desde la sociedad civil y el mundo político
La iniciativa ha recibido críticas desde distintos sectores políticos y de organizaciones feministas, de profesionales de la salud y de usuarios en redes sociales, calificándola como «cruel» al obligar a una mujer a pasar además por ese trance en una situación que ya de por sí es dolorosa y señalando que podría transformarse en unabarrera adicional para que mujeres y niñas accedieran a un derecho establecido por ley.
Para la presidenta de la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud (CONFEDEPRUS), Camila Fuentevilla Maturana, el proyecto forma parte de una agenda conservadora de la ultraderecha que busca hacer retroceder los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las disidencias sexogenéricas en Chile.
Asimismo, la dirigenta sindical condenó la creación de escenarios destinados a forzar a las mujeres a continuar con un embarazo, exponiéndolas a riesgos físicos y psíquicos. “Como trabajadores de la salud pública rechazamos este proyecto de ley y seguiremos defendiendo el derecho a la salud, a la autonomía y a la libertad reproductiva”, expresó.
Del mismo modo, la agrupación de “Médicas Feministas de Chile” (MEDIFEM) considera que “obligar a escuchar los latidos no aporta ningún beneficio médico ni mejora la seguridad del procedimiento. Su único objetivo es generar culpa, dolor y presión psicológica sobre mujeres que ya viven una de las decisiones más difíciles de su vida. En cambio, puede aumentar el sufrimiento y revictimizar. La medicina no está para castigar, sino para acompañar y respetar”, indicó MEDIFEM en su cuenta de Instagram.
Desde el mundo político, la exdiputada y exministra el segundo gobierno de Sebastián Piñera, Karla Rubilar, afirmó a través de su cuenta de X que la propuesta constituye “un retroceso” y llamó a los parlamentarios a tener “más humanidad”. “Voté a favor de las tres causales porque, en los momentos más difíciles, el Estado debe acompañar, no revictimizar. Levantar nuevas barreras desvirtúa la ley, aumenta el sufrimiento y es un grave retroceso. Más humanidad”, expuso la exparlamentaria.
En tanto, la exsenadora de Renovación Nacional, Lily Pérez, también señaló en su cuenta de X que “no es el Estado quien mediante una Ley debe decidir y obligar a una mujer a ‘escuchar su corazón’ para impedir una de las 3 causales de ‘interrupción embarazo’. Sería un retroceso para una ley vigente desde el 2017 que no ha tenido abuso alguno en su cumplimiento”, advirtió.
Por parte de la oposición, la exministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana (Frente Amplio), calificó el proyecto como una medida “coercitiva” que buscaría entorpecer la aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y la diputada Emilia Schneider (Frente Amplio) lo tildó como “una crueldad tremenda” e instó a la ultraderecha “a buscarse un problema real”. “Hoy el problema no es el exceso de interrupción del embarazo, eso no es real. Hoy no tenemos que cargarles más la mano a las mujeres por ejercer sus derechos. Precisamente, lo que la sociedad chilena espera es soluciones a sus problemas”, enfatizó.
En tanto, desde la bancada legislativa del Partido Comunista e Independientes, se señaló que “no se puede hablar de consentimiento cuando se pretende imponer culpa y presión en uno de los momentos más difíciles de la vida de una mujer”. “Obligar a escuchar los latidos de un embrión antes de acceder a un aborto en tres causales no es acompañar: es una forma de manipulación emocional que puede revictimizar a mujeres y niñas, especialmente a quienes han sufrido violencia sexual o enfrentan embarazos inviables”, se recalcó.
Y se estableció que “este proyecto de ley deshumanizante, retrogrado y misógino busca obligar a mujeres y niñas a escuchar el latido fetal para poder acceder al aborto en 3 causales, no protege la vida ni fortalece los derechos. Solo levantan nuevas barreras para acceder a una atención de salud digna, poniendo en riesgo la autonomía y la salud de quienes atraviesan estas situaciones”.
La mirada religiosa y humana
En medio de la discusión también comenzaron a viralizarse distintas reacciones. Una de ellas corresponde a la religiosa de la Orden de las Dominicas, Licarayén Torres, quien a través de un video en su cuenta de Instagram, cuestionó públicamente la iniciativa. El video ya suma más un millón de vistas y más de 88 mil “me gusta”.
“¿Es necesario torturar a las mujeres de esta manera?”, “¿es cristiano, es evangélico hacer pasar a las mujeres por esta obligación que pretenden imponer algunos diputados?”, son algunos de los cuestionamientos expresados por la religiosa en Instagram y que han hecho eco incluso en figuras del oficialismo, como la exalcaldesa de Providencia y excandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), quien le dejó un comentario en Instagram a la religiosa para agradecerle el hecho de compartir esta reflexión.
“Si algún diputado puede ver este video, y utilizando el mismo lenguaje que han utilizado, les preguntaría ¿de qué manera podríamos hoy escuchar el grito de los inocentes en las escuelas, en las calles, en los contextos de vulnerabilidad de nuestro país?”, expresó la hermana Licarayén.
Asimismo, dijo que le “gustaría pedirles que con la misma urgencia propongan leyes que promuevan la justicia y la paz referidas a los niños, niñas y jóvenes de nuestros territorios. Si hay que escuchar el grito de los inocentes, hagámoslo desde el inicio, pero también hasta el final de la vida”, exhortó.
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