El Ciudadano
Por Fernando Astudillo Becerra
Un nuevo proyecto de ley («Escucha su corazón»), presentado por la extrema derecha, vuelve a poner el aborto en el centro de la discusión, planteando que, antes de acceder a una interrupción del embarazo, permitida por la ley en alguna de las tres causales, el personal médico debe informar a la mujer sobre “la actividad cardíaca embrionaria o fetal” y le debe ofrecer la oportunidad de escucharla.
Raro ofrecimiento, que en la realidad es una imposición, ya que si una mujer se niega a escucharla, el médico queda obligado a negarse a realizar el procedimiento. Este condicionamiento transforma un acto que debiera apelar a la conciencia, en un dispositivo de sanción y violencia institucional.
La moral cristiana enseña que el ser humano posee una dignidad intrínseca y un libre albedrío que deben ser respetados, ello porque cada persona tiene la dignidad de haber sido creada a imagen y semejanza de Dios. Incluso en situaciones de profundo dolor o pecado estructural, imponer por la fuerza de la ley, la exposición a un estímulo de alto impacto emocional, en un momento de vulnerabilidad extrema, no constituye un acto de caridad, ni de verdadera pedagogía, sino una tortura encubierta.
La discusión contemporánea sobre la interrupción voluntaria del embarazo sitúa constantemente a la moral cristiana ante complejos desafíos bioéticos y pastorales. Difícilmente un cristiano comprometido con su fe podrá estar a favor de esta interrupción, pero sin dudas deberá estar, por las razones que señalaremos, en defensa y promoción de:
- La despenalización del aborto (que no es lo mismo que estar a favor del aborto).
- La obligatoriedad de que el Estado lo asuma como un tema de salud pública y por tanto no permita que ninguna mujer aborte en la clandestinidad y exponiendo su vida.
- La obligatoriedad de que el conjunto de la sociedad promueva y ejecute una educación sexual integral, sin tabúes, ni complejos especialmente en niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Dicha exigencia se vuelve aún más imperativa al analizar la recepción y validación de este proyecto por parte de una autoridad eclesiástica, como Monseñor Fernando Chomalí, quien en redes sociales manifestó su complacencia con este.
Mas su eventual aprobación se estrella con la doctrina social de la Iglesia. Una postura auténticamente evangélica y protectora del bien común, debería priorizar la exigencia al Estado de políticas públicas integrales: educación sexual robusta y sin tabúes, y redes efectivas de apoyo social y económico para la maternidad vulnerable.
Así se desprende de lo que expresó el papa Francisco, hablando del bien común:
“La noción de bien común incorpora también a las generaciones futuras. Las crisis económicas internacionales han mostrado con crudeza los efectos dañinos que trae aparejado el desconocimiento de un destino común, del cual no pueden ser excluidos quienes vienen detrás de nosotros. Ya no puede hablarse de desarrollo sostenible sin una solidaridad intergeneracional. Cuando pensamos en la situación en que se deja el planeta a las generaciones futuras, entramos en otra lógica, la del don gratuito que recibimos y comunicamos. Si la tierra nos es donada, ya no podemos pensar sólo desde un criterio utilitarista de eficiencia y productividad para el beneficio individual. No estamos hablando de una actitud opcional, sino de una cuestión básica de justicia, ya que la tierra que recibimos pertenece también a los que vendrán” (Laudato si, 159).
Si bien es comprensible y coherente con el discurso oficial de la Iglesia Católica, que un pastor de ella defienda la visibilización de la realidad biológica y espiritual del embrión, el apoyo a un mecanismo legal coercitivo, que viola derechos humanos de la mujer, que puede ser considerado una forma de tortura psicológica, introduce una seria contradicción con la praxis evangélica y con la posición de defensa de los Derechos Humanos.
La postura del Cardenal alinea a la Iglesia jerárquica con los sectores más recalcitrantes, punitivos y fascistas del espectro político, desatendiendo el drama humano que subyace a las tres causales (riesgo materno, inviabilidad fetal y violación).
En casos de violación, de manera muy particular, la imposición de escuchar la actividad cardíaca o enfrentar la denegación del acto médico, sin necesidad de ser especialista en la materia, se puede concluir que ello constituye una forma de revictimización secundaria que se aleja dramáticamente de la misericordia evangélica que el Papa Francisco instó de manera persistente a colocar en el centro del quehacer eclesial: “La Iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita, donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida buena del Evangelio” (Evangelii Gadium, 114).
Monseñor Chomalí parece subordinar la centralidad de la persona y su discernimiento interno a un formalismo legal. Esto valida un mecanismo de castigo legal, una ilegítima presión psicológica, lo cual contradice el principio del libre albedrío y el respeto a la dignidad de la mujer.
Desde nuestra mirada, un enfoque auténticamente cristiano debiera exigir del Estado despenalización del aborto, que ya dijimos no es una posición pro aborto, además de políticas de salud pública integrales, educación sexual sin tabúes y un importante soporte económico y psicológico para la maternidad.
La defensa de la vida desde la concepción no puede divorciarse de los medios morales y evangélicos empleados para promoverla. El proyecto «Escucha su corazón» y la complacencia de liderazgos eclesiásticos ante su diseño punitivo evidencian una preocupante deriva hacia la legalización del trauma.
Un cristianismo fiel al mensaje de Jesús debe rechazar la instrumentalización del dolor y comprometerse con una cultura del amor, la justicia y el acompañamiento, y no por la coacción, sea esta legal o no.
Fernando Astudillo Becerra
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