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La decisión del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucionales tres artículos clave del proyecto impulsado por el gobierno abrió un intenso debate. Mientras el Colegio de Profesores valoró la resolución por resguardar derechos y evitar medidas consideradas punitivas, algunos apoderados y parlamentarios lamentaron que se frenen herramientas orientadas a combatir la violencia escolar.