Madrid, 1 jun (EFE).- El 7 de junio expira el plazo de tres años que tenía España para transponer la directiva de igualdad retributiva y transparencia salarial, que obliga a las empresas a explicar las diferencias salariales entre hombres y mujeres que superen el 5 % y que busca endurecer las sanciones por incumplimiento.
El Ministerio de Trabajo ha abierto una consulta pública previa que concluyó hace un par de semanas y que supone el primer paso antes de comenzar a elaborar un proyecto normativo, que no llegará a tiempo para cumplir el plazo de Bruselas, lo que expone a España a un procedimiento de infracción que podría terminar en una multa.
En el texto de la consulta pública, Trabajo subraya que en España "se han intensificado los esfuerzos para hacer efectivo el derecho a la igualdad de trato y no discriminación entre mujeres y hombres en materia retributiva, desarrollándose mecanismos para identificar y corregir la discriminación en este ámbito".
Y recuerda que se han introducido instrumentos concretos como el registro retributivo, los planes de igualdad y las auditorías salariales, obligatorios en empresas de 50 o más personas trabajadoras.
La directiva europea obliga a todas las compañías a publicar el rango salarial o salario inicial con criterios objetivos y neutros respecto al género, tanto en el sector público como en el privado y con independencia del tipo de contrato o relación laboral.
Además, los trabajadores podrán solicitar información escrita sobre su salario individual y el medio, desglosados por sexo, de las personas que realizan el mismo trabajo o uno de igual valor.
El empleador no podrá preguntar al aspirante a un puesto de trabajo sobre su historial retributivo y deberá garantizar que los anuncios de vacantes sean neutros respecto al género, así como asegurar un proceso de contratación no discriminatorio.
La empresa deberá realizar reportes periódicos de diferencias salariales (equivalente al registro salarial actual) y explicar las diferencias salariales entre hombres y mujeres que superen el 5 % (frente al umbral del 25 % actual), así como adoptar medidas correctoras.
La directiva habla de indemnizar como mínimo por los últimos tres años de incumplimiento, lo que choca con la legislación española actual que solo permite reclamar salarios del último año, con lo que será necesaria una modificación de la ley de infracciones y sanciones en el orden social.
"España partía con la legislación más ambiciosa y avanzada de toda la UE en estos temas", señala a EFE la responsable del área laboral de Mercer, Gloria Vilar, que incide en que ningún país europeo va a cumplir el plazo.
La transposición de la directiva, que "busca una mayor transparencia para evitar discriminaciones", conlleva cambios en leyes importantes como el Estatuto de los Trabajadores o la Ley de infracciones, explica Vilar, en un contexto de cambios legales complicado por la aritmética parlamentaria.
Entre los cambios más relevantes, Vilar subraya el recorte de la brecha salarial, del 25 % al 5 %, que exige la obligación de dar explicaciones y fijar medidas correctoras, así como el incremento de las sanciones y el hecho de que la legislación se aplique a todas las empresas y no sólo a las de más de 50 trabajadores.
"Las grandes empresas ya cumplen con el grueso de las obligaciones el mayor cambio será para las pymes", añade.
Para los sindicatos, es necesario abrir una mesa de diálogo social para abordar la transposición de una directiva que, coincide, contiene partes ya recogidas en la normativa española.
Así lo explica a EFE la secretaria de Mujeres, Igualdad y Condiciones del Trabajo de CCOO, Carolina Vidal, quien lamenta el retraso del Gobierno a la hora de llevar este asunto al diálogo social, aunque asegura que "hay predisposición política".
Vidal explica que algunas exigencias europeas ya se transpusieron en el registro retributivo, por lo que es necesario ver "qué queda por hacer y cómo lo vamos a hacer".
"Es una norma clave para luchar contra la discriminación en los salarios", señala Vidal, que apunta que la desigualdad viene fundamentalmente de salarios pactados individualmente, es decir, por pluses voluntarios y complementos fuera de convenio colectivo. EFE
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