El 10 de diciembre de 2025, Australia se convirtió en el primer país del mundo en prohibir el acceso de menores de 16 años a las redes sociales, con multas de hasta 29 millones de eurtos para las plataformas que no cumplieran con la nueva normativa. El mundo observó con atención, y España, Francia y Reino Unido anunciaron que seguirían esos mismos pasos. Pedro Sánchez, presidente español, anunció la medida recientemente como respuesta a unas redes sociales que según él se habían transformado en un "estado fallido donde se ignoran las leyes y se toleran los delitos". El problema es lo que está pasando en Australia cuatro meses después.
Esto no marcha. El regulador de seguridad en internet en Australia, eSafety, ha publicado el primer balance de la marcha de estas medidas para evitar que los adolescentes y los menores accedan a las redes sociales. El resultado no es el que esperaban los impulsores de la ley, y países como España deberían prestar atención a esas primeras conclusiones.
Siete de cada diez menores siguen en las redes. En las primeras semanas de aplicación de las medidas, las plataformas eliminaron o bloquearon 4,7 millones de cuantas de menores. La cifra parece contundente hasta que la ponemos en contexto, porque en realidad el porcentaje total de menores en redes se redujo del 49,7% al 31,3%. Eso significa algo preocupante: siete de cada diez menores sigue utilizando plataformas como Instagram, Snapchat o TikTok. El dato más revelador ni siquiera es esa baja tasa de cumplimiento: es que no se han producido cambios en los casos de ciberacoso o abusos de imagen denunciados por menores. Ese era el argumento que justificaba una ley que pretendía reducir este tipo de daños, pero no ha habido mejora.
Sorpresa cero. Como indican en The Guardian, más de 140 académicos y 20 organizaciones de derechos civiles en Australia advirtieron de que estas medidas no funcionarían. Expertos en bienestar digital y salud mental juvenil fueron ignorados sistemáticamente durante el proceso legislativo, y la propia comisionada de eSafety tenía dudas. Incluso el gobierno australiano parecía ser consciente de que no había "evidencias robustas" de que las medidas pudieran cambiar las cosas. Aun así, el proyecto se aprobó y se puso en marcha.
Ponerle puertas al campo no funciona. El informe de eSafety deja claro que el sistema que teóricamente impide a los menores acceder a las redes sociales tiene diversos fallos estructurales. Esos fallos pueden ser (y probablemente han sido) explotados por los jóvenes, que por ejemplo modifican la edad declarada en el registro, envían datos falsos o intentan verificarse de diversas formas hasta que una funciona. Los falsos positivos —adultos que deberían poder usar las redes sin problemas— se pueden resolver enviando por ejemplo un vídeoselfie, pero el problema inverso es difícilmente resoluble: ¿cómo se detecta a un menor que desde el principio proporciona datos falsos? El software de estimación de edad facial tiene una precisión limitada, y métodos alternativos crean rechazo por su amenaza a la privacidad. El remedio acaba siendo peor que la enfermedad.
El problema se agrava. No es que el problema no se esté solucionando, es que se está agravando. Cuando Discord contató a una empresa para que se encargara de la verificación de edad en su plataforma se encontró con que alguien se había logrado infiltrar en esa plataforma y había expuesto imágenes de los documentos de identidad de 70.000 usuarios. Es el temor que existía desde el principio: este tipo de sistemas acaban creando una gigantesca base de datos que aglutina a los menores (y a los que no lo son) y esos datos pueden acabar en manos indebidas.
Incertidumbre en España. El paquete de medidas anunciado por Pedro Sánchez incluye la prohibición total de acceso a redes sociales a menores de 16 años, y además establece que la responsabilidad penal es de los directivos de las plataformas que no retiren conenido ilegal o no cumplan con estos procesos. El anteoproyecto de la Ley Orgánica de Protección de los Menores en los Entornos Digitales se publicó en abril de 2025, hace casi justo un año, pero no se dan detalles sobre cómo funcionará el sistema y cómo se garantizará la seguridad y privacidad de los ciudadanos.
El problema de fondo. El verdadero problema del enfoque australiano no es que la ejecución haya sido mala, es que incluso una ejecución perfecta probablemente no resolvería el problema de fondo. Las redes sociales pueden ser tóxicas pero no porque los menores tengan acceso a ellas, sino porque están diseñadas para tenerlos (y tenernos) pegados a las pantallas mediante algoritmos muy pulidos que muestran contenidos adictivos, aunque sean dañinos. Lo que habría que regular no es a los menores que las usan, sino al modelo de negocio que hace rentable a estas plataformas. Indonesia exigió estos días que representantes de Google y Meta acudieran para explicar la falta de colaboración a la hora de establecer medidas para evitar que los menores de 16 años accedieran a sus redes sociales.
Buenas intenciones, mala implementación. Que las redes sociales son en muchos escenarios tóxicas para los menores de 16 años es algo globalmente aceptado. Las plataformas están diseñadas para funcionar así, pero expulsar a los menores de dichas redes sin cambiar ese diseño no sirve de mucho. La alternatia que sugieren los expertos es activar la citada regulación contra los modelos de negocio que hacen rentable este tipo de plataformas. La Unión Europea ya tiene instrumentos para tomar ese camino con la Ley de Servicios Digitales (DSA), pero está por ver cómo se aplican dichas medidas cuando (y si) se acaba poniendo en marcha una normativa similar en España o en otros países europeos.
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España quiere imitar a Australia y vetar las redes sociales a los menores. El problema: los jóvenes australianos no han hecho ni caso
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Xataka
por
Javier Pastor
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