El Ciudadano
Por Andrés Figueroa Cornejo
Este lunes 13 de julio, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco dictó las condenas contra los jóvenes comuneros mapuche Pelentaro Llaitul, Juan Carlos Mardones, Luis Menares, Luis Fuenzalida y Jorge Caniupil, quienes, conforme al relato de la Fiscalía, fueron considerados autores de un atentado a maquinaria forestal ocurrido el 22 de noviembre de 2022 en un fundo en la comuna de Lautaro, Región de La Araucanía. Los acusados debieron soportar 4 años de prisión preventiva antes del juicio.
Luego de ser detenidos y procesados, el pasado 25 de junio los prisioneros políticos fueron declarados culpables, pero el tribunal debió restar los cargos más graves que les imputó el Ministerio Público y por los cuales pedían condenas inéditas en Chile que iban de 51 a 90 años de prisión.
De esta manera, los jueces dieron 7 años de prisión a los condenados por el delito de incendio; 3 años y un día por secuestro; 3 años y un día por hurto y otros 541 días más por un segundo hurto.
Los sentenciados tendrán que pagar las accesorias del proceso y una multa de hasta 17 UTM. En tanto, a Pelentaro Llaitul y Juan Mardones les sumaron 541 días de cautiverio por porte de municiones.
Tras las condenas, una de las principales abogadas defensoras de los comuneros, la reconocida jurista en Derechos Humanos, María Rivera, informó que el equipo legal que lidera se encuentra estudiando la sentencia para resolver la alternativa y acciones más adecuadas en el caso.
El miércoles 8 de julio, en el marco de un conversatorio público donde, además de la abogada expusieron el letrado y experto en DDHH Alberto Espinoza y el vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Ernesto Llaitul, María Rivera caracterizó el proceso como un «juicio político» contra la CAM y la resistencia mapuche, y afirmó que el propósito de las condenas es golpear la lucha por la recuperación de territorio ancestral del pueblo originario.
En la ocasión, Rivera comunicó a los presentes que durante el proceso la defensa evidenció que en el momento y lugar de los hechos, los jóvenes imputados se hallaban muy lejos, haciendo parte de una ceremonia mapuche.
«Este es un juicio político directamente en contra de la CAM», afirmó, y añadió que las altas penas solicitadas por el Ministerio Público persiguen instalar un mensaje disuasivo y ejemplar para que las comunidades no practiquen sus costumbres y devuelvan mansamente los territorios recuperados al capital extractivista.
Igualmente, Rivera expresó que la persecución política contra la resistencia mapuche es una estrategia estatal, más allá de tal o cual administración de turno.
«No es el gobierno de Kast, no es la ultraderecha; es la ultraderecha más el gobierno del Frente Amplio, más el gobierno de la exConcertación, es el gobierno de la Democracia Cristiana, del Partido Socialista. Todos los gobiernos desde el año 1990 para acá han tenido como objetivo derrotar la lucha mapuche», sostuvo.
María Rivera puso en cuestión la independencia del poder judicial chileno y manifestó la urgencia de dar a conocer internacionalmente las irregularidades del proceso, «porque no puede ser que los tribunales de justicia no digan la verdad, ni que los poderes del Estado carezcan de autonomía», y agregó que su equipo jurídico tiene la convicción de que «esta batalla no la vamos a ganar solos. Si no existe la movilización del mundo mapuche, con la clase trabajadora, la juventud y las mujeres chilenas, la vamos a perder», enfatizó.
Andrés Figueroa
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