SEÑOR DIRECTOR:
Chile enfrenta una grave realidad: territorios donde el Estado no ejerce su autoridad porque el crimen organizado ha impuesto sus reglas limitando la libertad y seguridad de las personas.
Nuestras policías y Fuerzas Armadas tienen responsabilidades determinadas por la Constitución y las leyes. Sin embargo, existen territorios en los cuales su capacidad de acción resulta insuficiente ante organizaciones criminales estructuradas y violentas. Negarse a perfeccionar el marco jurídico, sería una grave irresponsabilidad de quienes tienen la obligación de legislar.
El Estado debe proteger a sus ciudadanos y si las herramientas actuales no permiten enfrentar esta amenaza, y si para ello se requiere una reforma constitucional, esta debe ser abordada.
Son los derechos de las personas los que están siendo vulnerados y el Estado tiene el deber de protegerlas.
Para combatir grandes males se necesitan soluciones a la altura de la amenaza. No podemos enfrentar estructuras criminales utilizando herramientas jurídicas que fueron concebidas para otra realidad. El Congreso no fue elegido para limitarse a constatar esta realidad, sino para legislar para que el Estado pueda cumplir su primera obligación: garantizar el imperio de la ley en todo Chile.
Es fácil oponerse. Lo difícil es proponer.
Es fácil advertir los riesgos. Lo difícil es sacar adelante las reformas que el país necesita. Ya es hora de comprender que recuperar el control territorial no es una bandera ideológica: es una obligación del Estado y un derecho ciudadano.
Si nuestras leyes no son suficientes debemos mejorarlas. Si nuestra Constitución requiere ajustes debemos abordarlo. Y si el Congreso no asume su desafío, entonces cabe preguntarse si están cumpliendo con la ciudadanía.
El Estado de Derecho debe valer en cada rincón de Chile.
Paula Sutil
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