El Ciudadano
“Esto no es un ajuste, es cerrar un servicio”, alertaron desde la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) ante el recorte histórico de 47% en el presupuesto del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) para el año 2026. Un medida implementada por el Gobierno de José Kast que ha generado despidos masivos, y pone en riesgo a 4,5 millones de jóvenes en Chile.
La reducción presupuestaria fue establecida mediante el Decreto N°331 del Ministerio de Hacienda, lo que se traduce en una disminución superior a $3.859 millones destinados a programas juveniles en el país.
Desde la asociación indicaron que el recorte supone una reducción significativa de la dotación, pasando de cerca de 184 funcionarios a aproximadamente 45 a nivel nacional, lo que compromete la continuidad operativa del servicio.
Además, advirtieron que la asfixia presupuestaria incidirá también en cierre de direcciones regionales y eliminación de espacios de organización juvenil.
Los dirigentes de ANEF, Región de Valparaíso, Yarela Zelada, Susana Cristi y Gonzalo Cisternas, dejaron en claro que “acá ningún servicio sobra” y extendieron un llamado al Gobierno de ultraderecha a reconsiderar una medida que calificaron como “discriminatoria y aberrante” para los más de 4,5 millones de jóvenes potenciales beneficiarios de este servicio nacional.
Solicitan a Contraloría pronunciarse por recorte del 47% al presupuesto del INJUV
En Santiago, el presidente de ANEF José Pérez Debelli, presidente de ANEF, y el presidente de la Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional de la Juventud (AFINJU), Yuksu Ramos, ingresaron el martes una presentación ante la Contraloría General de la República solicitando un pronunciamiento sobre la legalidad del Decreto N°331, que modifica el presupuesto del sector público y afecta directamente al INJUV. Una acción que fue respaldada además por los diputados Matías Fernández y Jaime Bassa.
“Estamos respaldando a cada funcionario y funcionaria del Instituto Nacional de la Juventud, que tiene programas estratégicos esenciales en materia de prevención de suicidio, salud mental, empleabilidad y reinserción”, afirmó Pérez.
“Este decreto regresivo y antidemocrático golpea no solamente a este servicio estratégico, sino a todos los servicios públicos del país (…) a la salud, a la educación, donde incluso la alimentación se pierde. Vamos a defender el trabajo estratégico, porque en la medida que defendamos nuestro empleo, esta es la memoria que tenemos también del año1990, defendemos la juventud de nuestro país. Queremos más jóvenes con oportunidades, más jóvenes reinsertados a la sociedad, más juventud que tenga la capacidad de sentirse integrada con todos los saberes, con todos los talentos que quiera tener» , indicó.
Por su parte, el presidente de AFINJUV, Yuksu Ramos planteó que la rebaja presupuestaria establecida en el decreto de Hacienda impacta directamente en programas aprobados por la Ley de Presupuestos 2026, como “Compromiso Joven”, implementado en más de 70 comunas del país, y “Hablemos de Todo”, enfocado en salud mental y que atiende a más de 9 mil jóvenes a nivel nacional.
«Lo más significativo es que estos programas tienen recomendación favorable por parte de la misma Dipres, no están observados técnicamente, por tanto no entendemos cuál es la lógica de esta decisión que está tratando de por secretaría cercenarlos».
«Cualquier modificación presupuestaria tiene que ser conversada con los sindicatos»
La presentación ante Contraloría sostiene que la medida aplicada por la administración de Kast podría constituir una reestructuración de facto del servicio, al reducir simultáneamente presupuesto y dotación sin un acto formal de reorganización ni el cumplimiento de la Ley de Presupuestos, lo que vulneraría principios como la juridicidad, la continuidad del servicio público y la participación funcionaria.
«Este decreto tiene algo también no se demuestra que es también el flagelo a los términos anticipados de contratos. Es decir, las personas están perdiendo hoy día el trabajo. Frente a esto, mantener este decreto, es pérdida del empleo, donde la mayoría son mujeres de servicio. Es un mal ejemplo si queremos fomentar la empleabilidad en nuestro país«, señaló Pérez.
“Cualquier modificación estructural o presupuestaria tiene que ser conversada con las organizaciones sindicales que representan a las y los trabajadores (…) Estamos disponibles para realizar programas, estamos disponibles para construir un nuevo diseño moderno de gestión pública, pero esto se hace con las y los trabajadores y no a espaldas de nosotras y de nosotros”, enfatizó Pérez.
Desde ANEF y AFINJUV reiteraron su rechazo al decreto y anunciaron acciones ante el Congreso Nacional, llamando a parlamentarios de todos los sectores políticos a pronunciarse.
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