Barcelona, 24 mar (EFE).- Cinco exconsejeros catalanes de Cultura han presentado este martes una querella contra la jueza de Huesca que ordenó la devolución de las pinturas de Sijena conservadas en el Museo Nacional de Arte de Cataluña al monasterio oscense del que procedían, además de contra los representantes del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Sijena.
Los exconsejeros de Cultura Lluís Puig, Josep María Tresserras, Ferran Mascarell, Laura Borràs y Àngels Ponsa, consideran la operación de devolución de las obras corresponde, en el fondo, a “una de las formas más elaboradas de catalanofobia”.
“Si la catalonofobia fuese un arte, el caso de Sijena sería una obra maestra porque todo se reduce a no querer que unas obras que fueron conservadas, expuestas y compartidas sigan estando en el lugar donde todo esto ha sido posible”, ha señalado este martes en una rueda de prensa la expresidenta del Parlamento de Cataluña y exconsejera de Cultura Laura Borràs.
El escrito, presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, advierte de que el traslado de las obras desde su ubicación actual en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) al monasterio de Santa María de Sijena resultaría en la destrucción o grave alteración de las pinturas, catalogadas como Bienes de Interés Cultural, y que ello supondría un delito.
La querella acusa a quienes ordenaron dicho traslado del delito previsto en el artículo 321 del Código Penal, que castiga con penas de prisión de entre seis meses y tres años de prisión o con multas de doce a veinticuatro meses a los autores de daños a “edificios singularmente protegidos por su interés histórico, artístico, cultural o monumental”.
También señala que las pinturas, integradas en el Patrimonio Histórico Artístico, están sometidas a “tal grado especial de protección” que “decaen” otros derechos como el de ejecutar la sentencia dictada en julio 2016 por el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Huesca, que resolvió que las obras debían devolverse a Sijena.
La sentencia que fue confirmada por la Audiencia de Huesca en 2020 y ratificada por el Tribunal Supremo en mayo de 2025.
El Gobierno de Aragón ha rechazado este mismo martes la iniciativa, que ha calificado de “intimidatoria e inaceptable”, al considerarla un intento de obstaculizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales firmes que ordenan la devolución de las pinturas. EFE
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