El Ciudadano
La familia de Rafael Genaro Pichún Collonao, werken de la comunidad mapuche de Temulemu, acusa persecución judicial luego de que la Corte Suprema ratificara la condena en su contra.
A través de un comunicado, indicaron que la decisión del máximo tribunal del país de rechazar el recurso de nulidad presentado por la defensa y declarar que el razonamiento del Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles no fue ilegal ni arbitrario, contribuye a perpetuar «un ciclo de criminalización«.
Cabe recordar que el pasado 7 de enero en un fallo que generó controversia en las comunidades mapuche y organismos de derechos humanos, el vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) fue condenado a cumplir una pena de 7 años de prisión y el pago de una multa de 4 UTM.
La sentencia lo vinculó como autor intelectual de un ataque incendiario ocurrido en 2021 en la comuna de Quilleco, sumando un nuevo capítulo de encarcelamiento para la familia Pichun. El werken es hijo del fallecido e histórico lonko de Temulemu, Pascual Pichún, quien fue injustamente condenado en 2003 por «amenazas terroristas» contra el exministro de Agricultura, Juan Agustín Figueroa, y posteriormente absuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Asimismo, es hermano de Juan Pichún Collonao, lonko de la comunidad Temulemu, quien se encuentra en prisión preventiva por el caso de un presunto atentado incendiario registrado en noviembre de 2021 en Traiguén, Región de La Araucanía.
Cuestionado proceso judicial y falta de evidencias
El proceso judicial de Rafael Pichún ha estado marcado por cuestionamientos a la relevancia y contundencia de la evidencia utilizada para vincular al dirigente mapuche con los hechos ocurridos en la comuna de Quilleco.
La prueba central del Ministerio Público consiste en un mensaje de WhatsApp que dice “Necesitamos gente para el viernes”. Según la vocería de Pichún, este texto se refiere a una convocatoria a las afueras del tribunal de Los Ángeles para acompañar a otros comuneros y fue calificada en el recurso de nulidad presentado por la defensa del werken y los comuneros Óscar Cañupan, José Lienqueo, Bastián Llaitul, Axel Campos, Roberto Garling como una “prueba secundaria y no relevante” para acreditar un delito.
Persecución política contra Rafael Pichún
Desde el entorno del werken denuncian que la ratificación de la condena representa una persecución política orquestada por intereses forestales y la fiscalía y afirman que se busca encarcelar a Pichún exclusivamente por su rol de autoridad tradicional.
En el comunicado plantearon que «más allá de los procesos judiciales», la decisión de la Suprema de rechazar el recurso de nulidad y ratificar la condena de 7 años de cárcel, como «autor intelectual» del incendio de un camión forestal, «representa un golpe devastador para una familia y una comunidad que ha dedicado su vida a la defensa de la tierra«.
«Rafael no es solo una figura de liderazgo; es un padre, un hijo y un pilar fundamental en la cohesión social de su territorio», señalaron.
Asimismo, plantearon que la ratificación de su condena a cumplir 7 años de cárcel, «no busca solo castigar un hecho, sino quebrar el espíritu de un hombre cuya «arma» ha sido siempre la palabra y la representación de su pueblo«.
Los familiares del werken advirtieron que resulta alarmante que la justicia chilena continúe operando de espaldas a los compromisos internacionales asumidos por el Estado.
«Recordamos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ya ha emitido sentencias condenatorias contra el Estado de Chile (como en el caso de los lonkos y otros) por la aplicación arbitraria de leyes especiales y sesgos discriminatorios en juicios contra líderes Mapuche», destacaron.
«La ratificación de esta condena contraviene el espíritu de reparación que la Corte IDH ha exigido para con los defensores de derechos humanos y líderes indígenas, perpetuando un ciclo de criminalización que ya ha sido denunciado ante el mundo», afirmaron en el texto consignado por Resumen.
Para concluir el comunicado, extendieron un llamado a los organismos de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, «a poner sus ojos sobre la persecución política de los luchadores sociales Mapuche» que ocurre en Chile.
Indicaron que no se puede «permitir que el racismo y el silencio cubran esta injusticia», por lo que iniciaran «todas las acciones legales ante las instancias internacionales pertinentes para denunciar este nuevo atropello a la dignidad del pueblo Mapuche».
«Libertad a Rafael Pichún y a todos los presos políticos Mapuche«, cerraron.
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