Familia, escuela y delito adolescente en Chile

Ser amado no debería ser un privilegio, pero en Chile muchas veces lo es. No hablamos solo de afecto romántico ni de ternura privada. Desde la neuropsicobiología, ser amado significa recibir cuidado, límite, presencia, alimento, protección, palabra, rutina y pertenencia. Es decir, las condiciones básicas para que un sistema nervioso infantil aprenda a confiar, regularse y proyectarse.

Cuando ese amor organizado falta, no aparece automáticamente el delito, pero sí aumenta la vulnerabilidad. Un niño que crece en abandono, violencia, pobreza, negligencia o desprotección aprende primero a sobrevivir. Y un adolescente que solo conoció alerta, rabia o invisibilidad puede buscar en la calle lo que no encontró en la familia, la escuela o la comunidad: identidad, reconocimiento y pertenencia.

La familia como base

La familia es la primera institución de cuidado. Antes del Estado, antes de la escuela y antes de la justicia, está ese primer espacio donde un niño aprende si el mundo es seguro o amenazante. El apego temprano no es un lujo emocional: organiza seguridad, confianza y regulación. Cuando hay una figura que mira, calma, sostiene y pone límites, el niño no solo se siente querido; también construye mejores condiciones para aprender, esperar, tolerar frustración y reparar.

Pero la familia no cría en el aire. Cría dentro de una economía, una vivienda, un barrio, una historia y una red de apoyo o abandono. Por eso resulta pobre repetir que “la familia falló” sin mirar cesantía, pensiones de alimentos impagas, salud mental inaccesible, hacinamiento, violencia intrafamiliar o ausencia de redes. La familia es base, pero también necesita base.

Cuando el cuidado falla

La evidencia sobre experiencias adversas en la infancia es clara. Una revisión sistemática y metaanálisis de 2023 en jóvenes infractores encontró una prevalencia agrupada de 39,4% de experiencias adversas acumuladas. Además, las experiencias adversas acumuladas se asociaron con mayor reincidencia juvenil, con OR = 1,966, y la negligencia también mostró asociación positiva, con OR = 1,328. Eso no significa justificar el delito, sino reconocer que el daño temprano deja huella en la conducta, el vínculo y la regulación emocional.

Muchas conductas que se castigan en la adolescencia comenzaron como formas de sobrevivir en la infancia. Un niño hipervigilante, impulsivo, agresivo o desconectado no siempre está “mal criado”; muchas veces está adaptado a un entorno que no le permitió descansar emocionalmente.

Chile llega tarde

En Chile miramos el problema cuando ya explotó: cuando el adolescente desertó, la escuela agotó sus recursos, la víctima fue dañada o el joven entró al sistema penal. Esa reacción permite discursos duros, pero no siempre construye seguridad real.

La Ley N°20.084 establece un sistema de responsabilidad penal para adolescentes entre 14 y 17 años, cuyo objetivo central es la reinserción social mediante programas especiales. Esa edad importa: entre los 14 y 17 años el cerebro adolescente aún está formando autocontrol, juicio, anticipación de consecuencias e identidad.

En barrios marcados por narcotráfico, armas, consumo, hacinamiento y abandono, pedir conducta prosocial sin ofrecer pertenencia prosocial es ingenuo.

Esto no elimina responsabilidad. Un adolescente que daña debe responder. Pero la justicia juvenil no puede ser una copia pequeña de la justicia adulta. Debe combinar responsabilidad, límite, reparación y reinserción.

La escuela ve primero

La escuela chilena no solo enseña contenidos. También detecta hambre, tristeza, violencia, consumo, negligencia, ideación suicida, aislamiento y agresividad. Cuando la escuela se debilita, la infancia queda más sola.

Mineduc informó que la desvinculación escolar bajó de 1,7% en 2022 —50.814 estudiantes— a 1,3% en 2024 —40.063 estudiantes—, el nivel más bajo desde que existe información comparable desde 2010. El avance es positivo, pero 40.063 estudiantes fuera del sistema siguen siendo 40.063 trayectorias en riesgo.

La deserción no empieza el día que el estudiante deja de asistir. Empieza antes: atrasos, inasistencias, repitencia, vergüenza académica, conflictos, consumo, depresión, ansiedad o necesidad de trabajar. Un estudiante no se pierde de golpe: se va apagando.

La calle también cría

Si la familia no sostiene y la escuela no logra retener, la calle entra a educar. En barrios marcados por narcotráfico, armas, consumo, hacinamiento y abandono, pedir conducta prosocial sin ofrecer pertenencia prosocial es ingenuo.

La conducta también se aprende por observación, refuerzo y pertenencia. Si un adolescente encuentra reconocimiento, protección, dinero o estatus en un grupo violento, ese grupo puede ocupar el lugar que no ocuparon los adultos. Si la comunidad no ofrece identidad, la calle la ofrece. Y la calle cobra caro.

Cifras que incomodan

Un documento presentado en la Cámara, con datos abiertos del Ministerio Público para 2016-2024, señaló que en 2024 ingresaron 17,6 adolescentes por cada 1.000 jóvenes de 14 a 17 años en materias vinculadas a responsabilidad penal adolescente. Tras el mínimo de 2021, los ingresos volvieron a una tendencia al alza hacia niveles prepandemia.

Tratar igual a todos los jóvenes infractores es técnicamente pobre y socialmente peligroso.

Ese número no dice que “todos los adolescentes delinquen”. Dice algo más preciso: existe un grupo pequeño, pero socialmente relevante, cuya trayectoria exige intervención temprana, familiar, escolar, comunitaria y judicial. No basta reaccionar cuando el daño ya ocurrió.

Sancionar no basta

La sanción es necesaria, pero insuficiente. Si no hay diagnóstico serio, tratamiento de consumo, salud mental, intervención familiar, continuidad educativa, reparación y seguimiento, la sanción se vuelve una pausa, no una solución.

El modelo de riesgo, necesidad y responsividad ayuda a ordenar la intervención: no todos los adolescentes requieren lo mismo. Algunos necesitan límites claros, reparación y reconexión escolar. Otros requieren intervención intensiva, clínica, familiar y territorial. Tratar igual a todos los jóvenes infractores es técnicamente pobre y socialmente peligroso.

Programas con evidencia

La evidencia internacional muestra que los programas más prometedores no son los puramente punitivos. Funcionan mejor cuando combinan escuela, familia, mentoría, terapia cognitivo-conductual, reparación, oficio y seguimiento.

Becoming a Man, en Chicago, reportó reducciones de 45% y 50% en arrestos por crímenes violentos en dos estudios, además de un aumento de 19% en graduación oportuna. Su enseñanza es directa: no basta decirle a un adolescente “piensa antes de actuar”; hay que enseñarle a pausar, leer el contexto y decidir distinto.

Check & Connect mostró efectos positivos en permanencia escolar y potencialmente positivos en progreso escolar en estudiantes con dificultades de aprendizaje, conducta o emociones. Su clave es simple: alguien mira la asistencia, el rendimiento y la conducta, pero no para castigar, sino para llegar antes del quiebre.

Pathways to Education, en Canadá, mostró efectos positivos en graduación secundaria, ingreso a educación postsecundaria, logro educativo y resultados laborales. Su lección para Chile es evidente: no basta exigir permanencia escolar si el estudiante no tiene transporte, apoyo académico, mentoría, alimentación, salud mental y expectativa de futuro.

El estudiante vulnerable necesita un sistema coherente, no beneficios sueltos que no conversan entre sí.

Oficio y futuro

La reinserción no se logra solo con terapia. También necesita dignidad productiva. YouthBuild, programa comunitario de preaprendizaje en Estados Unidos, trabaja con jóvenes de 16 a 24 años que dejaron la escuela sin diploma secundario, entregando formación laboral y servicios educativos.

En Chile, esto conversa con liceos técnico-profesionales, educación de adultos, oficios, gastronomía, construcción, tecnología, turismo, agricultura y servicios. La pregunta no es solo cómo hacemos que un adolescente vuelva al colegio. La pregunta es: ¿para qué le sirve volver?

Apoyos que conversan

El caso CUNY ASAP, aunque pertenece a educación superior, entrega una lección aplicable a la enseñanza media: los apoyos integrales funcionan mejor que ayudas aisladas. En una evaluación de MDRC, el programa casi duplicó la graduación a tres años: 40,1% de estudiantes ASAP obtuvo un título frente a 21,8% del grupo de control.

Para Chile, la traducción es clara: una beca sola no basta; una charla sola no basta; una derivación sola no basta. El estudiante vulnerable necesita un sistema coherente, no beneficios sueltos que no conversan entre sí.

Reparar sin borrar a la víctima

La justicia restaurativa no borra el daño ni reemplaza la sanción. Bien aplicada, permite que el adolescente escuche el impacto de sus actos, asuma responsabilidad y repare algo concreto. La revisión Campbell sobre conferencias restaurativas cara a cara incluyó 10 estudios y examinó efectos en reincidencia y satisfacción de víctimas.

Esto es clave: la reinserción no puede invisibilizar a la víctima. Responsabilizar no es humillar; es hacer visible la consecuencia humana de la conducta.

Ley con músculo

Chile creó el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil mediante la Ley N°21.527, como servicio público descentralizado bajo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La ley apunta a una institucionalidad especializada, con foco en abandono de conductas delictivas, integración social e intersectorialidad.

El sistema nervioso de un niño no distingue ministerios. Su trauma no espera derivaciones. Su abandono no se repara con formularios.

La implementación comenzó en enero de 2024 en la Macrozona Norte. En ese inicio, se informó que 81,7% de los adolescentes y jóvenes estaban en programas de medio libre y 18,3% privados de libertad.

El marco es correcto. El riesgo es conocido: crear institucionalidad sin músculo territorial suficiente. Una ley sin equipos estables, sin salud mental disponible, sin escuela real, sin intervención familiar y sin seguimiento termina siendo otro papel bien escrito.

Estado fragmentado

A Chile no le faltan solo leyes. Le falta continuidad, coordinación e intervención antes de la crisis. Infancia, escuela, salud mental, justicia, seguridad y pobreza no son problemas separados: son partes de una misma trayectoria.

El sistema nervioso de un niño no distingue ministerios. Su trauma no espera derivaciones. Su abandono no se repara con formularios. Educación, Salud, Desarrollo Social, Justicia, municipios, SLEP, tribunales, programas comunitarios y familias deben trabajar sobre la misma vida, no sobre pedazos administrativos.

Cuidar antes

El privilegio de ser amado no puede depender de la suerte de nacer en una familia con tiempo, salud mental, redes e ingresos. La familia es la base, pero cuando esa base se agrieta, la sociedad y el Estado deben sostener antes de que el daño se convierta en delito, deserción o muerte simbólica.

Una sociedad que cuida temprano castiga menos tarde. Chile necesita proteger a las víctimas, exigir responsabilidad a quien daña e intervenir antes de que un niño herido, desregulado y abandonado convierta el delito o la deserción escolar en identidad.

La verdadera seguridad pública empieza mucho antes del delito: empieza cuando una familia puede cuidar, una escuela puede sostener, un barrio puede ofrecer pertenencia y un Estado puede llegar a tiempo.

Por Erika Tejerina Donoso

Psicóloga. Perito en educación, clínica, familia, infancia y adolescencia.

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