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A pocos días del receso legislativo y con el fin del gobierno del Presidente Gabriel Boric cada vez más cerca, el FES se perfila —con bastante certeza— como un proyecto emblemático que, tras varias sesiones de discusión, le queda una larga y extensa reflexión todavía. Las críticas de diversos actores, sobre distintos elementos de la iniciativa, encendieron alarmas por su impacto negativo en estudiantes, instituciones y finanzas públicas.

Presentado en octubre de 2024 en la Cámara de Diputados, el FES buscaba poner fin al CAE y crear un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, junto con un plan de reorganización y condonación de deudas educativas. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido con este último, el FES no logró generar adhesión en el mundo educativo. Su diseño proponía un impuesto a los graduados, quienes, una vez egresados, deberían contribuir hasta un 8% de sus ingresos por un máximo de 20 años, sin relación alguna con el monto efectivamente financiado por el Estado. Para las instituciones, el FES representaba una amenaza a su sostenibilidad financiera al prohibir el copago y extender la regulación de aranceles y vacantes de la gratuidad a todo el sistema. Para el Fisco, implicaba un gasto elevado y riesgoso, al crear obligaciones cuantiosas y permanentes con retornos inciertos. Estos y otros problemas acompañaron al proyecto durante toda su tramitación.

En la Comisión de Educación de la Cámara, el gobierno insistió —pese a las advertencias— en presentar indicaciones accesorias que no abordaron los problemas de fondo del proyecto, manteniendo intacto su diseño original y bajo la promesa de eventuales modificaciones posteriores. Así, el proyecto llegó a la Comisión de Hacienda, donde nuevamente se expresaron los cuestionamientos de expertos, entre ellos el Consejo Fiscal Autónomo, que advirtió sobre el impacto fiscal de la propuesta. Posteriormente, la Contraloría realizó su propia observación respecto de la contabilidad del instrumento, señalando que el FES no cumplía los criterios para ser considerado un activo —como se pretendía—, sino que debía registrarse como gasto fiscal.

En este contexto, el Ejecutivo incorporó un tope a la contribución equivalente a 3,5 veces el valor de la carrera, siempre que se hubiese pagado durante al menos el 90% del plazo exigido, y estableció un límite de 80 mil cupos. Ambas medidas eran necesarias para la sostenibilidad de un modelo especialmente sensible a su tasa de uso: al reducir el exceso de pago se disminuye la recaudación y, por tanto, el gasto fiscal debía acotarse mediante un número limitado de beneficiarios. Con estas modificaciones —y manteniendo intacto el diseño—, el proyecto avanzó al Senado.

Allí, diversos actores reiteraron críticas ya conocidas. Rectores de instituciones de educación superior, centros de estudio y otros expertos, advirtieron -nuevamente- sobre el impuesto a los graduados; el impacto de la prohibición del copago y la regulación de aranceles y vacantes de la gratuidad que impacta gravemente la sostenibilidad del sistema; y, por otra parte, un riesgo creciente para las arcas fiscales.

Hoy, aún en la Comisión de Educación del Senado, el FES mantiene intacta la esencia de su diseño y podría incluso, con la última propuesta, terminar siendo aún más costoso que el CAE. Convertirlo en un verdadero crédito contingente al ingreso y escuchar realmente a instituciones y expertos pudo haber sido, quizá, una salida razonable para este sistema de financiamiento.

Por Constanza Lara, directora legal en Acción Educar