El Ciudadano
Tras más de 13 años de disputa política y movilización social, la pesca artesanal chilena celebra un hito histórico: la publicación de las cuotas en toneladas del nuevo fraccionamiento pesquero, aprobado en el Congreso, y que entrará en vigor este 2026. La medida consolida el fin del modelo de asignación de la cuestionada Ley de Pesca de 2012 (conocida como “Ley Longueira”) y abre una nueva etapa para miles de pescadores y pescadoras del país, quienes ahora emplazan al Estado a avanzar en garantías sociales para el sector.
La Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal reaccionó positivamente ante la oficialización de las cifras, marcando el término de un extenso proceso legislativo que culminó con una votación abrumadora: 40 votos a favor en el Senado y 122 en la Cámara de Diputados. Para la organización, este no es solo un cambio administrativo, sino un giro estructural en la política pesquera nacional.
“Fuimos muchos los que nunca abandonamos esta causa, una acción justa de los pescadores artesanales. Hoy son todos generales, pero fuimos un grupo que siempre buscó la justicia para todos los pescadores artesanales, incluso para aquellos que apoyaron la Ley Longueira”, señaló Hernán Cortés, presidente de CONDEPP, haciendo referencia a la larga batalla contra el modelo anterior.
El sentimiento es compartido por Pascual Aguilera, presidente de Coranor y vocero de la Alianza, quien recalcó la persistencia del movimiento.
“Esta es una lucha sostenida por más de 13 años por pescadores artesanales que nunca abandonaron una causa justa. Hoy muchos celebran, pero fuimos pocos los que estuvimos desde el inicio buscando justicia”, declaró a Diario U. de Chile.
Según estimaciones oficiales, el traspaso de recursos desde la industria permitirá financiar plantas de procesamiento Pymes y mejorar infraestructura en caletas. «Dinamizará economías locales y beneficiará a decenas de miles de familias», afirmó la versión comunicacional del Gobierno. La ley también introduce un cobro de patente especial a industriales que adquieran cuotas internacionales, resguardando ingresos fiscales.
Entre las innovaciones destacan el endurecimiento de sanciones a la pesca ilegal y la prohibición de aumentos de cuota para empresas con infracciones graves, buscando terminar con la impunidad en daños a ecosistemas. Además, se mantienen certezas jurídicas para el sector industrial, que conservará sus coeficientes de participación vigentes,
Impacto regional y soberanía alimentaria
Uno de los ejes centrales del nuevo esquema es la redistribución de cuotas entre regiones, priorizando a aquellas donde la pesca artesanal es el corazón de la economía local. La región del Biobío emerge como una de las grandes beneficiadas, tras años de lo que los dirigentes califican como “exclusión en el reparto”.
“Para el Biobío este nuevo fraccionamiento es especialmente significativo. Estamos hablando de una región donde la pesca artesanal sostiene economías locales completas y donde por años hubo una sensación de exclusión en el reparto de los recursos”, afirmó Hernán Cortés.
Desde una perspectiva de género y soberanía alimentaria, la dirigenta nacional Sara Garrido enfatizó que el cambio trasciende lo numérico.
“Esta no es solo una discusión de números o toneladas. El nuevo fraccionamiento abre la posibilidad de que más pescado llegue a las mesas de las familias chilenas y de que las mujeres de la pesca artesanal tengamos mayores certezas para sostener nuestros trabajos y nuestras comunidades”, señaló.
Certeza para la planificación y el futuro
Con la publicación de las cuotas exactas, el sector artesanal puede por fin proyectarse a mediano plazo. Hernán Machuca, también representante de la Alianza, destacó este punto como clave para superar la incertidumbre que predominó durante la última década.
“Que hoy se conozcan las cuotas en toneladas permite comenzar a planificar el trabajo futuro. Para la pesca artesanal esto es clave, porque hablamos de planificación productiva, empleo y estabilidad para miles de familias que dependen directamente del mar”, indicó.
Garantías sociales pendientes
Si bien el ambiente es de celebración y reconocimiento al esfuerzo colectivo, desde la Alianza Nacional son enfáticos en señalar que el nuevo fraccionamiento es un paso importante, pero no el final del camino. La entrada en vigencia de la nueva distribución en 2026 se considera un punto de inflexión que debe ir acompañado de avances concretos en la agenda social del sector.
La organización advierte que el espíritu de la nueva legislación pesquera —que busca desmontar las irregularidades de la Ley Longueira— debe materializarse también en políticas que aseguren condiciones laborales dignas, protección social, fomento productivo y un rol protagónico de la pesca artesanal en la cadena de valor alimentaria nacional.
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