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Durante las últimas horas, en la plataforma de Acceso Restringido de la Dirección de Presupuestos (Dipres), es posible observar los lineamientos programáticos del Mineduc para el periodo 2026–2030. Es una suerte de hoja de ruta que declara el ministerio encabezado por María Paz Arzola, con una diferencia sustancial de prioridades respecto de la gestión anterior de Nicolás Cataldo.

En el marco de la Formulación de las Definiciones Estratégicas 2027 de los servicios públicos (Programa de Mejoramiento de Gestión), La Tercera tuvo acceso a la actualización de Objetivos Ministeriales y Compromisos Programáticos Ministeriales del Ministerio de Educación. El cambio es radical.

Y es que, entre sus nuevos lineamientos, la cartera educativa ahora declara tener como compromiso programático, entre otras cosas, la “libertad de elección y fin de la tómbola”, la “libertad de proyectos educativos”, “autonomía y liderazgo escolar”, “mérito y calidad en la admisión”, y “tolerancia cero” en aspectos de seguridad y convivencia escolar.

Acorde a la Dipres, la elaboración de estas definiciones estratégicas son la carta de navegación que orientan el quehacer institucional y, a su vez, permiten monitorear, evaluar y rendir cuenta pública del nivel de logro.

Las metas son diametralmente opuestas a los últimos objetivos estratégicos del Mineduc de Cataldo, donde se comprometían, entre otras cosas, el fortalecer y expandir la educación pública con la continuación del proceso de implementación de los SLEP; implementar y monitorear la Política Nacional de Convivencia Educativa; elaborar e implementar herramientas y mecanismos que promuevan la integración cultural, étnica y la perspectiva de género dentro de las comunidades educativas a fin de disminuir las brechas de género y culturales existentes dentro de ellas; o colaborar en el fortalecimiento de la educación superior por medio de la modernización de los sistemas de financiamiento y gestión.

En concreto, acorde al detalle al que este medio tuvo acceso, el Mineduc de Arzola confirma muchas de las cosas que estaban en el programa de gobierno de José Antonio Kast y que luego fueron reforzadas por la secretaria de Estado a pocos días de asumir.

Por ejemplo, respecto de la libertad de elección y fin de la tómbola para la admisión escolar a colegios que reciben financiamiento del Estado, se busca “garantizar el derecho de las familias a elegir el proyecto educativo que mejor responda a sus valores y necesidades, asegurando procesos de admisión escolar transparentes, sin barreras burocráticas y orientados a ampliar las opciones educativas disponibles”. En tal sentido, el gobierno ya ha anunciado que buscará modificar el Sistema de Admisión Escolar (SAE).

En línea con ello, otro compromiso tiene relación con el mérito y calidad en la admisión escolar, donde el Ejecutivo aspira a “ampliar el acceso de los estudiantes a establecimientos de alto desempeño académico, mediante procesos de admisión que reconozcan el esfuerzo y las capacidades de los alumnos y sus familias”. Antes de ser ministra, de hecho, Arzola participó de la mesa técnica convocada por Cataldo tras la cual se recogieron parcialmente sus recomendaciones. Una de ellas, justamente, apuntaba a que liceos de alta exigencia pudiesen seleccionar hasta el 80% de sus estudiantes. Por ese entonces, la ahora secretaria de Estado criticó que esta propuesta no se haya considerado tal cual.

Del mismo modo, sobre la libertad de proyecto educativo, se lee que la idea es “fortalecer la diversidad y la autonomía de los proyectos educativos, asegurando que la oferta escolar responda a las distintas visiones pedagógicas y preferencias de las familias, sin imposición de un modelo centralizado único”.

La cartera, además, aborda el ámbito de la convivencia escolar y la seguridad, quizás si el gran bastión que llevó al Ejecutivo a La Moneda y por el cual ya se han dado señales con el ingreso de dos proyectos de ley para el ámbito escolar, uno sobre endurecimiento de penas y otro para favorecer medidas de control. “Tolerancia Cero”, es el enunciado que luego explica que la aspiración es “garantizar entornos escolares seguros y libres de violencia, mediante la aplicación de estándares de convivencia claros y mecanismos efectivos de sanción, asegurando condiciones adecuadas para el desarrollo pedagógico de los estudiantes”.

Otro de los compromisos tiene relación con educación inicial y sala cuna universal, que durante el último tiempo se ha transformado en un verdadero tira y afloja entre oficialismo y oposición: “Ampliar la cobertura de educación inicial de calidad para niños y niñas desde la primera infancia, garantizando el acceso equitativo a sala cuna y niveles medios de educación parvularia, favoreciendo su desarrollo integral”.

Hay también otros cuatro compromisos programáticos: un Plan Nacional de Alfabetización y Aprendizaje; desburocratización de la gestión educativa; autonomía y liderazgo escolar; y educación superior y financiamiento. Con este último se pretende “mejorar la sostenibilidad del sistema de financiamiento de la educación superior y la pertinencia de la formación técnico-profesional respecto al mercado laboral, procurando un uso eficiente de los recursos públicos y mejores trayectorias para los estudiantes”.

¿Y qué viene ahora? Los organismos públicos ejecutores de las políticas, planes y programas de cada cartera, en este caso el Mineduc, deben formular o actualizar su misión institucional y sus objetivos estratégicos en coherencia con el marco normativo y los instrumentos de gestión que cada ministerio define y determina para el periodo 2026–2030.

Desde ya, hay algunos organismos que creen les será complejo el cambio, considerando que tienen que hacer conversar esto con otras definiciones vigentes. Los SLEP, por ejemplo, tienen que alinear al mismo tiempo sus definiciones estratégicas 2027, la Estrategia Nacional de Educación Pública 2020–2028 y las nuevas definiciones ministeriales. “Si metes todo eso en una juguera, hoy no tienen cómo conversar”, resumen desde un servicio local.