SEÑOR DIRECTOR:
En los últimos días se han difundido afirmaciones erróneas sobre los SLEP, señalando que recibirían “cuatro veces más recursos” que los municipios. Esa aseveración es falsa.
Según datos de ejecución presupuestaria 2024 y del Sistema Nacional de Información Municipal, el financiamiento per cápita anual alcanza alrededor de $3.680.000 en la educación municipal (277 sostenedores municipales en 2024; alrededor de 1.080.000 estudiantes) y alrededor de $3.950.000 en los SLEP (15 en régimen en 2024; alrededor de 230.000 estudiantes).
De esta forma, al considerar el grueso del financiamiento educativo para cubrir la totalidad de las necesidades de cada uno de los sistemas, la diferencia no es del 400% sino del 7% y se explica en buena parte por la composición de estudiantes, que incide directamente en los montos a transferir por concepto de subvenciones.
La cifra equivocada surge al considerar solo algunos fondos —como FAEP o FIGA— y no el conjunto del financiamiento. Además, omite ingresos que reciben los municipios, como las licencias médicas de Fonasa, a las que los SLEP no acceden al operar bajo la lógica de cualquier servicio público. Finalmente, los municipios contraen deuda como fuente de financiamiento. Esto está prohibido para los SLEP.
Entendemos la preocupación ciudadana. Casos como el del SLEP Atacama han revelado situaciones graves e inaceptables, pero hoy el sistema cuenta con herramientas para enfrentarlas y normalizar el servicio sin afectar a los estudiantes. La reforma a la ley 21.040 ahora en el Congreso va en ese sentido.
Fortalecer la educación pública es una tarea colectiva y una política de Estado que debe mejorarse sobre lo avanzado, sin retroceder o reinventar de cero.
Rodrigo Egaña Baraona
Director de Educación Pública
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