Fiscal nacional condena filtraciones en cuenta pública 2025: “La protección de la información es un imperativo ético”

Fiscal nacional condena filtraciones en cuenta pública 2025: “La protección de la información es un imperativo ético”

Durante la jornada de este miércoles 30 de abril el fiscal nacional, Ángel Valencia, llevó la cuenta pública 2025 de la Fiscalía Nacional, ocasión en que abordó las filtraciones que han afectado a investigaciones en curso y las medidas que se están tomando para impedir que estas sigan ocurriendo.

Según señaló, "durante el 2024, hemos adoptado múltiples medidas en el ámbito informático con el objetivo de asegurar la trazabilidad interna de los archivos que contienen información de causas penales, para así resguardar el acceso a los sistemas y bases de datos institucionales”.

Esto busca impedir el acceso indebido a la información que maneja el Ministerio Público y de esta forma prevenir posibles filtraciones de investigaciones en curso, detalló Valencia.

Para esto se han implementado nuevos sistemas de seguridad y servicios de ciberseguridad avanzados, así como habilitado funcionalidades que permiten la trazabilidad del acceso a sus sistemas. A la vez se ha implementado una licencia para cifrar archivos para que solo usuarios autorizados puedan acceder a ellos.

“Para contar con este nivel avanzado de protección de antecedentes y el control de accesos, a partir de este año y hasta el 2028, realizaremos una inversión adicional de más de $3 mil doscientos millones de pesos, representando un 41% del gasto total que se efectuará en este tipo de licencias”, expresó.

De acuerdo a lo que apuntó, “Sabemos que esto no erradica la posibilidad de que la información de una carpeta investigativa llegue a terceros ajenos a la causa, pero esperamos contribuir de manera significativa a obstaculizar que ello ocurra”.

Desde octubre de 2023 a la fecha, se han iniciado 25 investigaciones administrativas que involucran a 39 funcionarios y funcionarias de la institución, por el acceso indebido y no autorizado a causas penales mediante los sistemas informáticos, informó el fiscal valencia, agregando que de estas 44% ya se encuentra concluidas y han derivado en sanciones disciplinarias de diversa intensidad.

“En octubre del año 2024 dictamos una instrucción general que imparte criterios de actuación en investigaciones penales complejas para el otorgamiento de copias, solicitud de diligencias y registro de información personal de interés investigativo”, señaló el fiscal nacional.

“La protección de la información no es solo una obligación legal, sino un imperativo ético que guía nuestras acciones”, expresó el fiscal nacional, agregando que “Como Ministerio Público, comprendemos que el resguardo de los datos sensibles no solo fortalece la confianza ciudadana en nuestra institución, sino que también es una condición indispensable para asegurar una persecución penal legítima, eficaz y respetuosa de los derechos humanos”.

Según declaró en la ocasión, “la ley obliga al Ministerio Público, en determinadas circunstancias, a entregar copias de toda la investigación a personas que ni siquiera son víctimas del delito y que tampoco enfrentan sanciones en caso de revelar esa información reservada”, a la vez que propuso “eliminar la posibilidad de que cualquier persona pueda presentar querella en estos casos”.

“Se propone facultar al fiscal para restringir el acceso a determinadas actuaciones, registros o documentos contenidos en la carpeta investigativa, cuando estos no revistan interés para el esclarecimiento de los hechos o cuando su divulgación entrañe un riesgo grave para la seguridad nacional, la seguridad personal de los intervinientes, el ejercicio de derechos constitucionalmente reconocidos, o la integridad e intimidad de los intervinientes o de terceros”, expresó.

A la vez, realizó un llamado a “reforzar el tipo penal que sanciona la vulneración del secreto o la reserva de aplicación general en materias penales, extendiéndolo también de forma clara a quienes no son funcionarios públicos”.

Más de un 1 millón 600 mil denuncias

En el marco de la Cuenta Pública 2025, según dio a conocer el Fiscal Nacional, el Ministerio Público recibió más de 1 millón 600 mil denuncias, lo que representa un aumento del 12,3%, con 181 mil denuncias más que el año anterior.

El fiscal nacional explicó que esta es la cifra más alta desde que se inició la Reforma Procesal Penal, a la vez que apuntó que “más de 1 millón 750 mil víctimas fueron registradas durante el año, lo que representa un incremento del 12,1% respecto del año anterior.

Femicidios y delitos sexuales

En su discurso, el fiscal Valencia además detalló que “en 2024, Chile alcanzó su cifra más alta de delitos sexuales ingresados en la historia: 50 mil 70 casos, lo que representa el 2,9% del total de ingresos al Ministerio Público. Pero detrás de ese número hay algo aún más estremecedor: 56 mil 343 víctimas, de las cuales más de 39 mil son niñas, niños o adolescentes”.

Según agregó, “en 2024, se registraron más de 182 mil delitos en contexto de violencia intrafamiliar, lo que representa un 11% del total de delitos que ingresaron al Ministerio Público”.

El fiscal nacional además abordó los femicidios dando a conocer que se consumaron 47 femicidios consumados y 326 intentos durante el año. “Tampoco podemos dejar de nombrar los 47 femicidios consumados y los 326 intentos de femicidio que marcaron este año. En promedio, una mujer al día fue víctima de un intento de asesinato por el solo hecho de ser mujer”, mencionó.

Aumento en las condenas

“En particular, las sentencias definitivas condenatorias alcanzaron su peak histórico, con 20 mil 169 condenas en procedimiento ordinario —un 12,6% más que el año anterior— y 53 mil 755 condenas en procedimiento abreviado, lo que representa un alza del 9,3%“, detalló Valencia.

De acuerdo a lo que explicó, en 2024, 10 mil casos llegaron a juicio oral, lo que representa un aumento del 11,7% respecto del año anterior.

“De estos juicios, un 80% terminó en condena y un 20% en absolución. Pero lo más significativo es lo que ocurrió con los delitos sexuales. En 2024, un 13% de todos los juicios orales correspondió a este tipo de delitos, superando incluso a años anteriores donde ya se había evidenciado un aumento”, apuntó.

Nueva Política de Persecución Penal

En su elocución Valencia, también señaló que ante los nuevos tipos de delitos, “hemos dado un paso decisivo: la dictación de una nueva Política de Persecución Penal, que permitirá conducir la acción del Ministerio Público con criterios estratégicos, enfoque territorial, rendición de cuentas y participación ciudadana efectiva”.

Según explicó, “esta política establece líneas claras sobre qué se persigue, cómo se persigue y con qué objetivo, integrando variables fundamentales como la gravedad de los delitos, la preocupación ciudadana y la complejidad investigativa. Es decir, responde tanto a lo que más afecta a las personas como a lo que exige más capacidad del Estado para ser enfrentado con éxito”.

Equipos contra el Crimen Organizado y Homicidios

A lo largo de su discurso, el fiscal nacional también abordó la labor realizada por los Equipos contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), señalando que estos han tramitado un total de 1.586 casos a nivel nacional.

“En el análisis comparativo entre el período previo y posterior a la implementación de ECOH, los resultados son contundentes: La tasa de homicidios con al menos un imputado formalizado aumentó un 19,9%. La tasa de imputados formalizados en homicidios aumentó un 48,2%”, apuntó Valencia, a la vez que agregó que “en materia de secuestros, la tasa de formalizaciones por causa aumentó un 32,4%, y la de imputados formalizados, un 50,6%.

En la misma línea, el fiscal nacional abordó el avance del crimen organizado, señalando que se han “redoblado los esfuerzos para investigar y desarticular organizaciones criminales estructuradas”.

“Durante el año 2024 se registró un aumento del 40% en el número de personas formalizadas por este delito en relación con el 2023, lo que evidencia una acción penal más robusta, sistemática y orientada a debilitar las bases operativas de las bandas criminales en el país”.

Caso Convenios

El fiscal nacional además se refirió al caso Convenios, apuntando que “el país ha sido testigo de uno de los casos más sensibles en materia de uso de recursos públicos: el denominado Caso Convenios. Este fenómeno, que remeció la confianza ciudadana y puso en tela de juicio la transparencia de los vínculos entre organismos públicos y fundaciones privadas, representó un verdadero punto de inflexión en la relación entre la ciudadanía y sus instituciones".

Según detalló, “a abril de 2025, los resultados concretos del trabajo del Ministerio Público en el Caso Convenios dan cuenta de una persecución penal sostenida, estratégica y con impacto real. A la fecha, 45 personas han sido formalizadas, cinco de ellas en más de una causa, lo que eleva el total a 50 formalizaciones. Existen además cuatro personas con audiencias de formalización ya solicitadas y un total de 134 RUC asociados al fenómeno delictivo, lo que refleja la magnitud y dispersión territorial del caso".

De acuerdo a lo que detalló, hasta la fecha se han llevado a cabo 25 audiencias de formalización y se ha solicitado la prisión preventiva para 25 imputados. " El monto total investigado a nivel nacional supera los $70 mil millones de pesos y ya se han presentado dos solicitudes de desafuero contra autoridades con fuero parlamentario, en las regiones de La Araucanía y Antofagasta", agregó.

Casos de alto impacto público

En su discurso, el fiscal nacional además hizo mención a los diferentes casos que han marcado la agenda pública señalando que “en 2024, la Fiscalía ha demostrado con firmeza su compromiso institucional, convicción democrática y profunda determinación en la persecución penal de los delitos más graves que han conmocionado a la opinión pública nacional e internacional.”.

“No hemos titubeado en investigar con el mismo rigor a redes de corrupción de alto nivel, como en el caso Convenios, el caso Hermosilla o los crímenes de carácter internacional, como el secuestro y asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda”, expresó.

Según agregó, “la Fiscalía ha actuado con convicción en causas que involucran a autoridades públicas, como el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, la ex alcaldesa Cathy Barriga o el ex alcalde Daniel Jadue. La Fiscalía ha respondido con igual celo combatiendo la impunidad sin excepciones ni distinciones, y guiándonos únicamente por el mandato constitucional de dirigir la investigación, ejercer la acción penal pública y proteger a víctimas y testigos”.

Colaboración Internacional

El fiscal nacional también se refirió a los avances que existieron en materia de colaboración internacional, señalando que “El crimen organizado es transnacional y nuestra respuesta también debe serlo”.

Es así como apuntó que en el año 2024 “se registraron 101 extradiciones activas, lo que representa un incremento del 74%, en comparación con las 58 de 2023. Asimismo, se tramitaron 2 mil 569 requerimientos de asistencia mutua en materia penal, un 12% más que en 2023. Y en cuanto a evidencia digital y solicitudes a proveedores de servicios, se tramitaron 295 requerimientos en 2024, lo que implica un incremento del 143% respecto de 2023″.