
El equipo especial de fiscales a cargo del caso por insurrección solicitó este martes la pena de muerte contra el expresidente destituido Yoon Suk Yeol, en el marco del proceso judicial abierto por la declaración de la ley marcial en diciembre de 2024, episodio que desencadenó una profunda crisis política y terminó con su salida del poder meses después.
Según la acusación, Yoon fue el principal responsable de impulsar la medida excepcional, que incluyó el despliegue de tropas durante varias horas en las inmediaciones de la Asamblea Nacional, generando una fuerte conmoción institucional y social en el país.
Los fiscales sostienen que el exmandatario intentó socavar el orden constitucional al movilizar a las Fuerzas Armadas y a la Policía con el objetivo de reprimir el funcionamiento del Parlamento. A juicio del Ministerio Público, estas acciones constituyeron una amenaza grave para la democracia surcoreana, por lo que consideran que corresponde aplicar la sanción más severa contemplada por la legislación vigente.
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