Fiscalía de Ayacucho recupera los restos de tres víctimas en cuyo asesinato están involucrados marinos

Fiscalía de Ayacucho recupera los restos de tres víctimas en cuyo asesinato están involucrados marinos

Testigos describen que los efectivos interrogaron a Paulina y, posteriormente, asesinaron con armas de fuego a sus hijos, iniciando por Alejandro, el menor, cuyo cuerpo fue arrojado al cauce del río tras recibir disparos

La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Ayacucho llevó a cabo la exhumación de los restos óseos de tres víctimas que fueron ejecutadas en noviembre de 1984, durante el periodo de violencia interna y terrorismo que vivió el Perú. La acción se realizó en la comunidad campesina de Rayanccasa, distrito de Tambo, provincia de La Mar, Ayacucho, a más de 4.100 metros sobre el nivel del mar.

El equipo fiscal, encabezado por la fiscal adjunta provincial Khrista Katherine Tanta Gutiérrez, contó con el acompañamiento de la perito arqueóloga Silvia Catherine Vera Cuarite del Equipo Forense Especializado y del perito antropólogo Gabriel Gómez Tineo, quien realizó peritajes y entrevistas a familiares y testigos de la comunidad.

Los restos recuperados corresponderían a Paulina Araujo Ccarahuanco, José Araujo Chávez y Paulino Quispe Araujo, conforme a la identificación preliminar y testimonios de los familiares. Las tareas de exhumación permitieron además el hallazgo de elementos asociados, que constituirán prueba para el avance de la investigación fiscal.

Relato de los hechos

De acuerdo con la investigación fiscal y los testimonios recolectados, el 5 de noviembre de 1984, personal de la Marina, en coordinación con miembros de comités de autodefensa de Huanta o Huamanguilla, ingresó a Warmiwañuscca persiguiendo a una mujer. En ese trayecto, interceptaron a la familia Quispe Araujo cerca de un riachuelo de la zona. Paulina Araujo Ccarahuanco y sus hijos Samuel, Jacinto, Martina y Alejandro Quispe Araujo fueron retenidos, mientras José Araujo Chávez y su nieto Paulino Quispe Araujo se ocultaron.

Testigos describen que los efectivos interrogaron a Paulina y, posteriormente, asesinaron con armas de fuego a sus hijos, iniciando por Alejandro, el menor, cuyo cuerpo fue arrojado al cauce del río tras recibir disparos. Los otros menores, Samuel, Jacinto y Martina, también fueron ejecutados en el mismo lugar.

Luego de los asesinatos de los menores, la madre fue detenida y conducida del lugar. En el trayecto, José Araujo Chávez y Paulino Quispe Araujo se acercaron al grupo y confrontaron a los marinos. Esta acción terminó con la ejecución de los tres: Paulina, José y Paulino, según los testimonios recogidos.

La exhumación de estos restos representa un avance en el esclarecimiento de estos crímenes que continúan sin resolverse judicialmente y forman parte de los casos de graves violaciones a los derechos humanos en el contexto del conflicto interno.

Violencia política en Perú: cifras y causas

El caso de la familia Quispe Araujo forma parte del periodo de violencia política vivido en el Perú entre 1980 y 2000. Según el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú (CVR), el conflicto dejó aproximadamente 69.280 víctimas fatales o desaparecidas. De acuerdo con la CVR, cerca del 54% de estas muertes fue atribuida a la organización Sendero Luminoso, mientras alrededor del 30% de los casos fueron responsabilidad de agentes estatales, incluidos militares y policías. El 9% correspondió a acciones del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), mientras el porcentaje restante se atribuyó a conflictos entre actores y otras causas.

El informe de la CVR concluyó que las causas del conflicto se relacionan con profundas desigualdades sociales, económicas y étnicas, ausencia de presencia estatal en zonas rurales, discriminación estructural y una débil institucionalidad democrática. Las condiciones de exclusión en regiones como Ayacucho propiciaron la expansión de movimientos subversivos y la respuesta estatal, frecuentemente violenta y sin apego a derechos humanos.

Ayacucho fue uno de los departamentos más afectados por la violencia. Allí se concentró el mayor número de víctimas y episodios de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y abusos cometidos tanto por organizaciones subversivas como por fuerzas estatales.

La labor de la Fiscalía en la recuperación de los restos y la búsqueda de justicia para las víctimas representa un paso relevante para el esclarecimiento de la verdad y la reparación de los familiares, quienes durante décadas no han recibido respuesta sobre el destino de sus seres queridos.