La Fiscalía especial de Corea del Sur solicitó este miércoles una condena de diez años de prisión para el expresidente Yoon Suk Yeol, a quien acusa de obstrucción a la justicia y otros delitos vinculados con su intento de imponer la ley marcial en diciembre de 2024, una controvertida decisión que derivó en su salida del poder.
Durante la última jornada del juicio celebrado en Seúl, el fiscal Cho Eun Suk afirmó que Yoon incurrió en un “delito grave” al “privatizar” las instituciones del Estado para encubrir y justificar sus actuaciones. “Sus crímenes dañaron gravemente el orden público e hirieron a la ciudadanía que confió en él”, señaló, según informó la agencia estatal Yonhap, remarcando que el exmandatario no mostró arrepentimiento y siguió defendiendo la legitimidad de su decisión durante el proceso judicial.
La solicitud de pena contempla cinco años de cárcel por obstrucción a la justicia, tres años por vulnerar los derechos de nueve ministros excluidos de una reunión clave sobre la ley marcial y dos años adicionales por manipulación y destrucción de documentos oficiales ligados al decreto.
“La reparación del daño causado a la Constitución y al Estado de derecho requiere una rendición de cuentas estricta”, indicó el equipo fiscal, que subrayó la necesidad de evitar precedentes de abuso de poder desde la cúspide del gobierno.
El tribunal anunció que el 16 de enero se dará a conocer el veredicto por el cargo de obstrucción a la justicia, dos días antes de que expire el actual período de detención de Yoon. Paralelamente, el exmandatario enfrenta otros procesos, incluido uno por insurrección, cuyo fallo podría conocerse en febrero, una vez concluyan las audiencias previstas para inicios de ese mes.
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