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El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 juzgará el 13 de febrero, y mediante jurado popular, al marido de Salwa, asesinada en julio del 2023 a manos, presuntamente, de éste, al que el Ministerio Fiscal pide 52 años acusado de su asesinato y del intento de homicidio de los hijos de ambos.

Tal y como relata el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el 29 de junio de 2016 el acusado llegó a España como refugiado desde el Líbano, procedente de Siria, acompañado de su mujer y de sus tres hijos.

Tras residir en un centro de refugiados, aprendieron juntos el idioma y él consiguió trabajo de mecánico. La familia empezó a residir en un domicilio de la Plaza Martínez Flamarique.

A partir de ahí, la evolución del matrimonio siguió senderos "muy distintos", dado que ella quiso formarse, realizando diferentes cursos, se desprendió del pañuelo que le cubría el rostro y cabello, y quiso encontrar un trabajo.

El acusado empezó a sospechar de que su mujer estaba pensando divorciarse y llevarse a los niños a Alemania, donde vivían sus padres, incluso, consultó con un abogado y éste le informó de los derechos de ella en caso de divorcio, que incluían marcharse con los niños.

"Dispuesto a no consentirlo jamás", indica el Ministerio Fiscal, el acuso lo preparó todo para, estando los niños fuera de casa, poder matar a su mujer y, después, acabar también con la vida de los hijos.

De esta forma, se llevó a los niños a la biblioteca Rafael Azcona y, despúes, volvió a casa y, " movido por el sólo afán de arrebatarle la vida, de manera sorpresiva le golpeó violentamente en la cabeza con un objeto decorativo".

El acusado prosiguió con los golpes y, cuando ya estaba "inerme y casi sin consciencia", cogió unos cuchillos que tenían en la cocina con los que le propinó "multitud" de heridas incisas en el tórax anterior, en la zona central de la espalda y en los antebrazos.

El Fiscal destaca que la muerte de Salwa "tuvo lugar en medio de una dolorosa agonía innecesariamente alargada tras la multitud de golpes y las reiteradas cuchilladas en zonas no necesariamente vitales, que prolongaron su padecimiento hasta el extremo".

Una vez se hubo asegurado la muerte de su esposa, y tras limpiarse las manos con lejía, se cambió de ropa y calzado y fue a por los niños. Se subió con ellos a un autobús urbano que les llevó hasta la zona del camino de la Harinera, a la vera del río Ebro.

Ahí, les invitó a acercarse a la ribera, sabiendo que ninguno sabía nadar, y cogió "sorpresivamente" al menor de ocho años, al que intentó arrojar al agua en un lugar de profundidad suficiente para cubrir la altura de los pequeños y dotada de fuerte corriente.

A pesar de los esfuerzos del padre, el niño logró zafarse y emprender aterrorizado la huida, hasta llegar a donde se encontraban unas personas.

Mientras, el acusado se dirigió a los otros dos (de nueve y once años) y los arrojó al río, pero no pudo ahogarlos porque acudieron las personas que habían sido alertadas por el pequeño, y gracias a las que resultaron los tres hijos indemnes.

ASESINATO Y HOMICIDIO

Para el Fiscal, estos hechos constituyen un delito de asesinato y tres de homicidio en grado de tentativa, del que considera responsable al acusado en concepto de autor.

Le aplica, además, en el delito de asesinato las agravantes de abuso de condición de género y de parentesco; y en los delitos de homicidio, las agravantes de abuso de -superioridad y de parentesco.

Le pide 25 años por el delito de asesinato, y nueve por cada uno de los delitos de homicidio; en total, 52 años de cárcel.

También, alejamiento a una distancia no inferior a 200 metros de sus hijos en relación a su domicilio, centro de estudios y lugares que éstos frecuenten, así como a comunicarse con ellos por vía telefónica, telemática o de cualquier otro medio por cinco años.

Como responsabilidad civil, indemnizar a cada uno de sus hijos por la muerte de su madre en 150.000 euros y en 50.000 euros por sus propios perjuicios padecidos. A cada uno de los progenitores de SALWA por la muerte de su hija en 60.000 euros.