Fiscalía pide prisión preventiva para la diputada Catalina Pérez

Fiscalía pide prisión preventiva para la diputada Catalina Pérez

La Fiscalía de Antofagasta solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para la desaforada diputada Catalina Pérez, estimando que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

El Ministerio Público formalizó a la legisladora por tres delitos de fraude al fisco vinculados a los convenios obtenidos por la fundación Democracia Viva.

El Ministerio Público sostiene que Pérez y los otros tres imputados, su expareja Daniel Andrade, el otrora seremi de Vivienda Carlos Contreras y la exconcejal Paz Fuica, concretaron una maquinación para acceder a recursos estatales del del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda “con fines políticos” a partir de la fundación.

“Pérez se puso de acuerdo con el imputado Contreras para que se invitara a la Fundación Democracia Viva para ser considerada como institución competente y con experiencia requerida para suscribir contratos fiscales con el programa”, aseguró el fiscal jefe de la Fiscalía de Antofagasta, Cristian Aguilar.

Fueron tres los convenios, por $426 millones, que beneficiaron a la fundación de Andrade. Los dineros se le asignaron para ejecutar proyectos en campamentos de la región.

Al relatar los hechos ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta, el persecutor explicó que la diputada estaba en conocimiento que se había suscrito en julio de 2022 un contrato falso de arriendo entre Daniel Andrade por Democracia Viva y Cecilia Millán, militante de Revolucionario Democrática, en la calle Ezequiel Fernández de Ñuñoa, “para justificar un domicilio de la fundación y poder realizar el trámite de iniciación de actividades en el Servicio de Impuestos Internos”.

Según el fiscal, Pérez una vez que tuvo conocimiento de que la asignación de los fondos a su pareja estaba siendo cuestionada, le dio indicaciones a Andrade sobre cómo tenía que aparentar que el inmueble arrendado a Cecilia Millán apareciera efectivamente como la sede de Democracia Viva “ofreciendo incluso dinero para cumplir con dicho objetivo”.

Luego, según el relato del persecutor, la imputada “acordó con Daniel Andrade y Carlos Contreras para que estos asumieran la responsabilidad de la suscripción de los tres convenios de transferencia de fondos, lo que establecieron como una estrategia para blindar a la parlamentaria”.

De acogerse la medida cautelar solicitada, Pérez se convertiría en la tercera integrante de la Cámara de Diputados que queda privada de libertad, después de Francisco Pulgar y Mauricio Ojeda.