Barcelona, 19 mar (EFE).- La Fiscalía española reconoció este jueves por primera vez un delito de torturas por parte de la policía de la dictadura española a una víctima del franquismo, Blanca Serra, activista de la izquierda independentista catalana detenida en Barcelona en 1977, aunque archivó el caso por no poder identificar a los autores de los hechos.
El Ministerio Público, según informó en un comunicado, ha puesto fin a la primera investigación penal que abrió en España sobre los crímenes del franquismo, con la conclusión de que los maltratos a Blanca Serra constituyen "un delito de torturas perpetradas en el contexto de crímenes contra la humanidad", pero archiva el caso al no poder identificar a los autores de los hechos.
No obstante, la Fiscalía atribuye a la denunciante la condición de "víctima del franquismo" y deja abierta la puerta a "otras acciones judiciales" para lograr una reparación por las torturas sufridas, en concreto a través de la vía civil.
Hasta ahora, las denuncias que víctimas de los crímenes de la dictadura franquista (1939-1975) han presentado ante los tribunales se han topado con el mismo escollo: los jueces han dado carpetazo a las denuncias con el argumento de que los hechos están prescritos y que ley de amnistía de 1977 impide investigarlas.
Blanca Serra, sin embargo, presentó directamente ante la Fiscalía una denuncia en la que mantenía que había sido torturada junto a su hermana Eva, ya fallecida, las cuatro ocasiones en que fue detenida durante la Transición: en febrero de 1977 -antes de las primeras elecciones generales y la aprobación de la ley de amnistía- y en 1980, 1981 y 1982, ya en democracia.
La Fiscalía, por primera vez en España, decidió abrir una investigación penal sobre esa denuncia, al entender que la Ley de Memoria Democrática de 2022 obliga a hacerlo, para "garantizar a las víctimas sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación", aunque su objetivo último no fuera la "persecución penal" de los autores.
Tras su investigación, el Ministerio Público ha concluido que los hechos relatados por Serra constituyen un delito de torturas perpetradas por la Brigada Político Social, el brazo de detención y torturas de la policía franquista.
Los policías franquistas, sostiene la Fiscalía, "detuvieron a la denunciante y a su hermana por el único motivo de su actividad política de oposición a la dictadura y le infligieron violencia física y psíquica con el fin de obtener información y conseguir una confesión", con lo que, añade el escrito, le causaron "secuelas de tipo traumático".
Además, los hechos se perpetraron, según el Ministerio Público, "en el contexto de la persecución y represión política instaurada por el franquismo y en el marco de un régimen institucionalizado de opresión sistemática y generalizada".
Por ese motivo, ha presentado una denuncia en el juzgado en el que pide el archivo de la causa por falta de autor conocido, aunque plantea su sobreseimiento provisional, lo que permitiría la reapertura del proceso si en un futuro se conocieran nuevos datos para identificar a los responsables del delito.
Serra lamentó el archivo de la causa y consideró, en una carta dirigida a la Fiscalía y compartida a los medios, que "sin procedimiento penal, la impunidad de las torturas se mantiene intacta”.
“Esta investigación es absolutamente insuficiente. Ha habido una falta de voluntad política más que evidente por parte de la Fiscalía de Memoria Democrática de ir hasta el fondo. No se han recabado informes judiciales ni se ha hecho ni una sola diligencia para identificar a los autores, aunque la información estaba en los expedientes”, dijo la coordinadora de litigios de Irídia (que la representa judicialmente), Sònia Olivella, sobre la resolución. EFE
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