Barcelona, 13 jul (EFE).- La Fiscalía ha retirado este lunes la acusación a la exconsellera catalana de Salud, Alba Vergés y a la cúpula de su departamento durante la pandemia del coronavirus, para quienes inicialmente pedía 12 años de inhabilitación por el retraso en la vacunación a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña.
En la sección sexta de la Audiencia de Barcelona, la Fiscalía ha anunciado hoy que retiraba la acusación contra Vergés (ERC) y contra los otros tres altos cargos para quienes pedía 12 años de inhabilitación por un delito de prevaricación: el entonces número dos del departamento Marc Ramentol, el ex secretario de Salud Pública Josep Maria Argimon y el exdirector del Servei Català de la Salut (SCS) Adrià Comella.
Por contra, el sindicato policial Jupol y la asociación de la Guardia Civil Jucil han mantenido su petición de 15 años de inhabilitación para los acusados, en su caso también para el entonces responsable de Servicios Francesc Xavier Rodríguez.
Otros sindicatos que ejercen la acusación, como el Sindicato Profesional de la Policía (SPP) o la Unión Oficial de la Guardia Civil Profesional (UOGCP) han retirado la acusación contra Rodríguez y han rebajado su petición contra Vergés y los otros tres altos cargos de 15 a 12 años de inhabilitación, los mismos que inicialmente pedía la Fiscalía.
En el juicio, que se inició el pasado 30 de junio, Vergés y los altos cargos de su departamento durante la pandemia han negado que discriminaran a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en el proceso de vacunación -como sostenía la Fiscalía en su escrito de acusación inicial- y han alegado que el retraso obedeció a problemas con el censo de agentes y a la suspensión temporal ordenada por el ministerio de Salud en el uso de AstraZeneca.
En el trámite de conclusiones y de informes, la Fiscalía ha anunciado hoy que retiraba la acusación contra Vergés y los demás acusados, sin dar más explicaciones, mientras que las defensas han pedido que se impongan las costas a los sindicatos policiales que han ejercido la acusación.
En su declaración como acusada el pasado viernes, Vergés negó que ordenase detener la vacunación a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil y alegó que siempre siguió el criterio del Consejo Interterritorial y trató de compatibilizar la inmunización por criterios de edad y de grupos esenciales.
Vergés afirmó que "nunca" dio la orden de parar la vacunación a los agentes de ambos cuerpos estatales: "Nuestra intención era vacunarlos a todos. A ellos y a todos los colectivos esenciales".
Además, detalló que cuando el 24 de marzo de 2021 se pudo reanudar la vacunación con AstraZeneca -que había sido suspendida el 15 de ese mes al advertirse efectos secundarios-, siguieron las directrices del Consejo Interterritorial de priorizar las franjas de más edad en el grupo de entre 60 y 65 años, debido a la falta de dosis, "haciéndolo compatible con continuar con los colectivos esenciales".
En la misma línea, los ex altos cargos de Salud acusados negaron ante el tribunal haber discriminado a la Guardia Civil y la Policía Nacional en la vacunación y explicaron que su inmunización estuvo condicionada por el trato "específico" que pidieron ambos cuerpos -para recibir las dosis en sus comisarías-, por sus dudas ante el procedimiento y por el retraso en la llegada de sus censos.
El secretario de Salud Pública durante la pandemia, Josep Maria Argimon, defendió además que priorizar la vacunación a las personas de entre 60 y 65 años fue una "decisión bien tomada" a nivel "clínico, epidemiológico y ético".
De hecho, los mandos de ambos cuerpos estatales que coordinaron la vacunación de sus agentes en Cataluña testificaron en el juicio que su relación con la Generalitat fue "fluida" y que comprobaron que cada vez que surgían problemas había voluntad por parte de todas las partes de solucionarlos, hasta el punto de que la Policía Nacional condecoró a Rodríguez, que era su enlace, por su labor en este proceso. EFE
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