|  Infobae.com |  Internacional

Carmen Menéndez Cobos

París, 20 jun (EFE).- Francia mira a España en busca de un referente en la lucha contra la violencia sexual contra mujeres y menores después de que el 'caso Lyhanna', la niña de 11 años asesinada recientemente, se haya convertido en un revulsivo social y en un asunto de Estado.

Políticos, periodistas y asociaciones feministas y de protección de la infancia escrutan y analizan el 'modelo español' para tratar de acometer lo que el presidente francés, Emmanuel Macron, definía esta misma semana como "un continente oculto de violencia sexual".

"Existía un continente oculto de violencia sexual, incluso contra niños", declaró Macron el jueves por la noche en una entrevista en la televisión France 2, al señalar que desde el electrochoque causado por el asesinato de Lyhanna por un presunto violador en serie de menores la gente "ha podido hablar" sobre este tema.

'España, pionera', titulaba la revista 20 minutos. '¿Por qué España va un paso por delante de Francia?', se preguntaba la emisora FranceInfo.

"Para mí, como diputada socialista, pero también como feminista, lo que han hecho en España constituye un modelo a seguir", dijo a EFE la legisladora Céline Thiébault-Martinez, principal impulsora de una propuesta de ley integral contra las violencias sexuales y sexistas.

"De hecho, las propuestas relativas a los tribunales especializados se ha retomado el sistema implantado en España -añadió-, con magistrados y una cadena judicial dedicada exclusivamente, formada e interviniendo casi exclusivamente en la lucha contra la violencia contra las mujeres y los niños".

El caso de Lyhanna ha puesto de relieve deficiencias sistémicas y graves disfunciones de la justicia francesa. El presunto homicida de la niña, Jêrome Barella, un hombre de 41 años, acumulaba varias denuncias por abusos sexuales y violaciones a menores, a pesar de lo cual nunca había sido detenido ni interrogado.

Eso ha desencadenado una grave crisis política y judicial, y puesto el foco en los fallos de los mecanismos de protección de la infancia. El problema, señalan distintas fuentes, es la saturación del sistema: investigadores incapaces de asumir el volumen de casos pendientes y una justicia lenta, que acaba dejando fuera lo que no considera urgente.

Los franceses se preguntan cuántos casos similares siguen acumulados en comisarías, entre cientos de otros expedientes.

Como consecuencia, el Gobierno francés ha ordenado la revisión de unas 70.000 denuncias relacionadas con agresiones y abusos a menores antes del 14 de julio próximo, así como una auditoría interna para detectar posibles negligencias y depurar responsabilidades.

Arnaud Gallais, copresidente de la asociación Mouv’Enfants, una de las principales organizaciones de protección de la infancia, considera que Francia "no puede calcar" el modelo español, "pero sí podemos -dijo- inspirarnos, hay muchas cosas que podemos tomar".

"¿Cómo es posible que en Francia aún estemos así? ¡Es arcaico!", se indignó.

'Ley integral, ya', se puede leer en las pancartas de los miles de manifestantes que cada lunes se concentran ante los tribunales de todo el país.

La propuesta de ley integral contra la violencia sexual y sexista, inspirada en el modelo español e impulsado por la diputada socialista Thiébault-Martinez, fue presentada en el Parlamento en noviembre de 2025. Cuenta con el respaldo de un centenar de diputados de izquierda y de la coalición gubernamental, además de asociaciones feministas y de defensa de los derechos infantiles.

También cuenta con un importante apoyo ciudadano. Un barómetro realizado por Omnicom Media France para la Fundación de las Mujeres muestra que el 81 % de los franceses apoyan la adopción de una ley integral contra las violencias sexuales y sexistas.

Sus promotores se reunieron esta semana con el primer ministro Sébastien Lecornu con la esperanza de que el texto sea incluido en el orden del día del Parlamento.

El problema es su coste en un contexto de finanzas públicas muy tensas en Francia. La puesta en marcha de las medidas incluidas en el proyecto se calcula en unos 2.700 millones de euros.

"Pero a esa cifra también hay que sumarle el coste de la violencia -respondió la diputada Thiébault-Martinez-. Hace dos años, la Civis calculó que esta violencia le costaba a Francia más de 9.000 millones al año. En realidad, es una inversión, que permitiría evitar otros gastos y, por supuesto, mucho sufrimiento", concluyó. EFE