Fraude electoral en Honduras: denuncian amenazas militares por “actas en cero”

El Ciudadano

Una grave denuncia sobre amenazas realizadas por militares a integrantes de las Juntas Electorales ha encendido las alarmas sobre la transparencia y legalidad del escrutinio especial de las elecciones generales celebradas 30 de noviembre en Honduras.

Organizaciones políticas y un consejero electoral han levantado su voz para alertar lo que califican como un fraude en marcha, marcado por la coacción y la injerencia extranjera.

Miembros del Partido Libertad y Refundación (Libre) y del Partido Liberal presentaron testimonios y pruebas que detallan una presunta injerencia ilegal de las Fuerzas Armadas en el proceso de verificación y recuento de los votos. Su misión constitucional, definida en el artículo 1 de la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas, es defender los principios del libre sufragio y garantizar la seguridad, no intervenir en decisiones técnicas.

De este modo, los militares no pueden coaccionar a los miembros de las mesas electorales ni intentar influir en los resultados a través de amenazas, cuando su deber es protegerlos de este tipo de acciones en sí, además de garantizar la seguridad del proceso y el material

Sin embargo, en un video difundido por Libre, se denunció que «todos los representantes de los partidos políticos de las juntas especiales de verificación y recuento que iban ingresando a las instalaciones fueron agredidos verbalmente por los militares instruyéndoles que no enviaran votos anulados ni actas en cero, y caso contrario los iban a levantar de la mesa y enviar presos de inmediato».

Esta acusación encuentra eco en una situación paralela. Según reportó el corresponsal de teleSUR, Karim Duarte, aproximadamente 200 integrantes del Partido Liberal fueron amenazados por el encargado militar en sus centros de escrutinio, quien les comunicó que no tenían facultades para enviar actas con resultado cero, una potestad legal que sí poseen las juntas.

Para los representantes del Partido Liberal este tipo de acciones evidencian un sesgo político que interfiere con la transparencia electoral.

¿Qué son y por qué son legales las «actas en aero»?

La Junta Especial de Verificación y Recuento tiene la atribución legal de enviar actas con resultado cero (sin votos asignados a candidatura alguna) cuando se detectan inconsistencias graves e irreconciliables. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando no coinciden los cuadernillos de votación con las actas, faltan firmas de los miembros de mesa, los datos básicos son contradictorios o cuando se declara formalmente la nulidad de los votos de esa mesa y se registra en el acta de incidencias. Es una herramienta de control para preservar la pureza del voto, no una infracción.

Ante las denuncias, una integrante de una junta electoral declaró que «el voto se defiende con la ley, no con el miedo. Las elecciones se garantizan con transparencia, no con intimidación y la democracia no se encierra, no se calla y no se intimida, se respeta».

Consejero electoral impugnará resultados

Ante la crisis de credibilidad el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, anunció que procederá a la impugnar los resultados, negándose a validar lo que describe como un proceso fraudulento y tutelado por intereses externos y manteniéndose firme en su postura de defender lo establecido en la Constitución acerca de que la voluntad es soberana y es del pueblo.

«Ni aunque me lleven a ese pleno a punta de bala, me van a hacer validar un fraude», sentenció Ochoa, calificando los comicios del 30 de noviembre como «la más sucia y menos transparente» en la historia de Honduras. El funcionario explicó que los niveles de manipulación e inconsistencias superan incluso los detectados en las polémicas elecciones de 2017 que culminaron con la reelección Juan Orlando Hernández, en medio de acusaciones de fraude y protestas en todo el país centroamericano.

Recientemente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indultó a Hernández, quien cumplía una condena de 45 años de prisión tras ser hallado culpable de conspirar para distribuir más de 400 toneladas de cocaína hacia la nación norteamericana.

Ante la gravedad de las irregularidades detectadas, Ochoa aseguró que «no existe ninguna circunstancia que lo obligue a firmar una declaratoria ‘fraudulenta’», en referencia al acto oficial de proclamación de resultados cuyo plazo vence el 30 de diciembre.

Insistió en que su deber es representar al pueblo hondureño, no a gobiernos extranjeros, y cuestionó abiertamente las declaraciones y sanciones de Washington como una injerencia directa.

«El fraude ha estado a la vista de todos, aunque las misiones de observadores internacionales quieran ocultarlo o maquillarlo», enfatizó, citado por TeleSUR.

Sesión de Pleno 20 de diciembre https://t.co/gmEC2kZ8cF
— Marlon (@MarlonOchoaHN) December 21, 2025

Exigencia de escrutinio voto por voto

El consejero Ochoa ha puesto sobre la mesa la única solución que, a su juicio, puede restituir legitimidad al proceso: un recuento voto por voto, urna por urna

. «Mi postura, para saber quién ganó una elección con amenaza extranjera y de maras y pandillas, tenemos que abrir las 19 mil 167 juntas receptoras de votos», recalcó, señalando las evidentes discrepancias entre el número de electores y las cifras en las actas.

Además, denunció fallas constantes y sospechosas en el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), lo cual, dijo, debilitó la transparencia y abrió espacio para la manipulación de datos. «Si hacemos el voto por voto, con gusto estaré en la declaratoria oficial», concluyó, estableciendo una línea clara para su participación en cualquier acto de validación.

Las elecciones hondureñas, que aún no han arrojado un presidente oficial para el próximo período, se encuentran en un limbo de alta tensión. Las denuncias de amenazas militares para suprimir actas en cero, sumadas a la impugnación frontal de un consejero electoral y las acusaciones de injerencia extranjera por parte de Donald Trump, así como del crimen organizado, pintan un cuadro de profunda crisis institucional, dejando al país a la espera de una solución.

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