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La entidad es una de las principales denunciantes ante la oficina comercial estadounidense (USTR) que pretende aplicar aranceles de 12,5% a las exportaciones chilenas como castigo por prácticas de esclavitud moderna. La entidad ha protagonizado varios roces con el Ministerio Público, al que acusó de encubrir la trata de personas en el sector agrícola. Ese argumento fue presentado ante la máxima entidad del comercio estadounidense.