Siguen los descargos contra la decisión de retirar 43 decretos ambientales desde la Contraloría General de la República, medida adoptada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast, que afecta normas impulsadas por el Ministerio del Medio Ambiente durante la administración anterior. La acción fue cuestionada por la senadora Daniella Cicardini (PS), quien exigió aclarar si se trata de un trámite administrativo o de un cambio de criterio en la política ambiental, advirtiendo impactos en instrumentos de protección en la Región de Atacama y otros territorios.
La senadora Cicardini señaló que el retiro de más de 40 decretos, actualmente en tramitación, constituye una señal de alerta respecto del resguardo ambiental. Según declaró, la medida “pone en riesgo directo instrumentos de protección trabajados durante años”, especialmente en zonas sensibles del norte del país.
“El gobierno debe transparentar si pretende darle un garrotazo al medioambiente de Chile, pasando por sobre la institucionalidad, ignorando la realidad del cambio climático e incluso no considerando la consulta indígena y la voz de las comunidades”, sostuvo.
Entre los documentos retirados figuran normas de calidad ambiental para la cuenca del río Huasco, la creación de parques nacionales como Salar de Gorbea y Lagunas Bravas, y la reserva nacional Salar de Pedernales. También se detuvo la declaratoria de Monumento Natural para el pingüino de Humboldt, especie considerada clave para la biodiversidad costera.
Alcance de la medida y cuestionamientos
La legisladora sostuvo que “exigimos al Presidente Kast decir con claridad si estas medidas son solo un trámite administrativo o si buscan desmantelar la protección de nuestros ecosistemas”. Asimismo, calificó como “extremadamente alarmante” el retiro de normas vinculadas a agua y aire en paralelo a anuncios de agilización de permisos ambientales.
En esa línea, advirtió que la decisión podría afectar la implementación de la Estrategia Nacional del Litio, orientada a compatibilizar desarrollo productivo con resguardo ambiental. “No aceptaremos que Atacama sea zona de sacrificio. Nos declaramos en estado de alerta”, afirmó.
La parlamentaria también vinculó este proceso con recientes movimientos en organismos como el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y la Superintendencia del Medio Ambiente, además de iniciativas para modificar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Hasta ahora, el Ejecutivo no ha detallado públicamente el alcance específico del retiro de los decretos ni el calendario para su eventual reingreso o reformulación, mientras continúan las reacciones desde el ámbito político y ambiental.
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